Viceprefecta Magaly Quezada denuncia “violencia política” por parte de la prefecta Cecilia Méndez

Magaly Quezada, viceprefecta de Azuay, expresa los argumentos de defensa de sus funciones.

La viceprefecta de Azuay,  Magaly Quezada, exteriorizó este miércoles 20 de enero su sorpresa e incomodidad frente al retiro de la delegación que el 5 de noviembre de 2020 le hiciera la prefecta Cecilia Méndez para que cumpla las funciones de directora de Participación Ciudadana y Comunitaria.

Indicó que la decisión le fue comunicada en el transcurso de la sesión de la cámara provincial, la tarde de ayer, lo cual es motivo de asombro, por decir lo menos.

Desde inicios de 2014 La inestabilidad y la tensión ha caracterizado la relación entre las dos principales autoridades provinciales. Ese año se produjo el rompimiento entre el prefecto Paúl Carrasco y el viceprefecto David Acurio; a mediados de junio de 2018 el conflicto se repitió entre Paúl Carrasco y la viceprefecta María Cecilia Alvarado.

En mayo de 2019 el prefecto Yaku Pérez y la viceprefecta Cecilia Méndez iniciaron su gestión administrativa en medio de tensar relaciones que finalmente se rompieron seis meses más tarde; en la actualidad el conflicto se trasladó a la relación entre la prefecta Cecilia Méndez y la viceprefecta Magaly Quezada.

En rueda de prensa ofrecida la mañana de este miércoles, Quezada gradeció a los miembros del Consejo Provincial y a la prefecta Cecilia Méndez por haberla designado en el cargo, basados en su experiencia de 20 años en la función pública, especialmente como alcaldesa del cantón Nabón.

Sostuvo que durante todo este tiempo ha cumplido a cabalidad la delegación que le hiciera la prefecta, para lo cual ha mantenido constantes reuniones de trabajo con los alcaldes, miembros de las Juntas Parroquiales y líderes comunitarios en la perspectiva de actualizar los planes de ordenamiento territorial y tratar las diferentes inquietudes ciudadanas.

Dijo no entender por qué la prefecta ha considerado a estos acercamientos como reuniones privadas, cuando han sido de dominio público y de la administradora; en tal sentido calificó el retiro de su delegación como “violencia política” y “celos políticos”.

Pero no hay razón para ello, dijo, porque si de algo se ha preocupado es que las diferentes gestiones administrativas se realicen en el marco del debido proceso y acatamiento a las normas del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).

Añadió que también estuvo pendiente del seguimiento a los trámites de las Juntas Parroquiales para dar respuestas oportunas y efectivas, así como también se preocupó por algunas inquietudes de los trabajadores del Gobierno Provincial.

Aclaró que pese a la desconfianza de la prefecta Méndez, ella continuará en el cargo, esta vez cumpliendo funciones de fiscalización que es otra de las competencias asignadas a los consejeros provinciales, y cumpliendo labores de coordinación con la Policía Nacional que es el nuevo encargo efectuado.

Además aseguró que mantendrá abiertas las puertas al diálogo con la autoridad principal, pero siempre en el marco del respeto de la “autoridad que me dio la cámara provincial”.

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