Unidad Popular presenta demanda penal contra empresa minera en Río Blanco

Deifilio Arévalo, concejal de Chordeleg; Daniel Carbo, coordinador de Unidad Popular; y, Carlos Novillo, director provincial de Unidad Popular, dan a conocer los argumentos de la demanda.

Deifilio Arévalo, concejal de Chordeleg; Daniel Carbo, coordinador de Unidad Popular; y, Carlos Novillo, director provincial de Unidad Popular, dan a conocer los argumentos de la demanda.

Dirigentes del partido Unidad Popular presentaron en la Fiscalía del Azuay una denuncia penal contra la empresa minera Junefield Mineral Resources Holding Ltda., que opera en el sector de Río Blanco, parroquia Molleturo, por presuntos delitos contra la naturaleza, concretamente contra el agua.

Daniel Carbo, coordinador de la organización política, precisó que la Constitución coloca como sujeto de derechos a la naturaleza permitiendo que toda persona o pueblo pueda exigir el respeto de esos derechos.

Recordó que desde el año 2008 la empresa minera inició la evaluación económica del yacimiento minero de Río Blanco que desde agosto de 2016 entró en la fase de explotación.

Carbo consideró que el injusto penal se configura por varias situaciones.

1- El proyecto que ocupa una 6.000 hectáreas alberga humedales alto-andinos, páramos, lagunas, bosques primarios, una elevada biodiversidad en especies animales y vegetales, y las nacientes de sistemas hídricos o cuencas, entre los que se destacan: Patul, Putucay, Migüir, Quitahuaycu, Chorro, Río Blanco, Canoas y Chacayacu.

El proyecto está dentro del bosque protector Molleturo-Mollepongo que se intersecta con el Parque Nacional Cajas y está muy cerca del sitio arqueológico de Paredones.

2- La compañía extraerá oro y plata mediante una mina subterránea, removiendo diariamente y durante 7 años  800 toneladas de roca. Próximamente utilizará cianuro en el proceso de refinamiento.

3- El minado ocasionará serios impactos sobre la cantidad y calidad del agua debido a la destrucción de los conductos de aguas subterráneas, directamente relacionadas con las aguas superficiales.

4- A través de la investigadora Mercedes Lu, la organización  ambientalista a nivel mundial Environmental Law Alliance Worlwide (ELAW) realizó varias observaciones al Estudio de Impacto Ambiental  (EIA) del proyecto.

La fase de beneficio no tiene alternativas para la ubicación de relaves; hay fallas graves en relación a las aguas de los cursos superficiales para la construcción y operación de la mina; se deteriorarán las condiciones naturales del paisaje; la extracción de áridos puede afectar severamente la calidad del agua de los ríos.

5- El informe pericial del experto James Kuipers llega a las siguientes conclusiones: hay un serio riesgo de que las concentraciones de arsénico afecten las fuentes de agua, lo propio puede ocurrir con los drenajes ácidos y los lixivíados.

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