¿Un quiebre a la vista? Qué puede pasar con el ‘enfriamiento’ de las relaciones entre Perú y México

Manuel López Obrador y Dina Boluarte, presidentes de México y Perú. (Foto tomada de RT).

La expulsión del embajador mexicano en Lima pone un hito en los vínculos y lanza un potente mensaje a los países que marcan distancia con Boluarte.

La diplomacia mexicana ha tenido un ‘strike’ en Perú. El ultimátum de Lima para que el embajador mexicano Pablo Monroy abandone el país andino es el gesto de mayor contundencia hecho por la presidenta Dina Boluarte contra otro Gobierno de la región, en sus escasas dos semanas de gestión.

La expulsión pone un hito en las relaciones entre ambos países, que si bien se estrecharon en el último año durante la administración de Pedro Castillo, entraron en una seguidilla de tensiones después de que el mandatario fuese vacado del cargo y relevado por Boluarte, observó la cadena RT.

La cancillería peruana alega que la salida exprés del embajador mexicano obedece a «las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país sobre la situación política en Perú». Para Lima, hay injerencia en los señalamientos que se han hecho desde México sobre la crisis política que se vive en el país suramericano, donde la represión a las protestas a favor de Castillo ha ocasionado más de una veintena de muertes.

Tras la decisión, la administración de Andrés Manuel López Obrador indicó que el retorno de su embajador se cumplía para «resguardar su seguridad e integridad física», sugiriendo que la vida del diplomático en territorio peruano podría estar en riesgo.

«Encuentro esa decisión infundada y reprobable. La conducta de nuestro embajador ha estado apegada a derecho y al principio de no intervención. México no variará su posición», agregó por su parte el canciller Marcelo Ebrard la madrugada del miércoles.

Si bien la expulsión no implica el cierre de la embajada –que ahora quedará a cargo de la primera secretaria Karla Tatiana Ornelas Loera–, sí envía un mensaje contundente al resto de los países de la región que todavía no reconocen explícitamente el Gobierno de Boluarte.

Cronología de un quiebre

Aunque brusca, la decisión de Perú no es inesperada. Ya desde hace dos semanas, cuando Boluarte asumió el poder, se produjo una primera fractura que evidenció las diferencias de López Obrador con el Gobierno que asumía tras la vacancia de Castillo.

La salida del maestro rural ocurrió en víspera de la cumbre de la Alianza Pacífico que se realizaría en Lima, por lo que Boluarte dijo que recibiría a López Obrador con «los brazos abiertos» para recibir la presidencia pro témpore del bloque. La propuesta fue respondida por México con la suspensión de la cita.

En paralelo, el mandatario mexicano confirmó que el día en que detuvieron a Castillo había autorizado al embajador en Lima para que le abriera las puertas de la sede diplomática. Sin embargo, el presidente depuesto jamás pudo llegar hasta allí.

López Obrador no se quedó allí. Su administración repudió la situación en el país andino, movilizó a su embajador para que se entrevistara con Castillo en el lugar donde estaba apresado y acusó a los detractores políticos del mandatario de haberle «hostigado» hasta provocar su caída.

Así, México fue el primer país de la región en situarse de manera frontal contra lo ocurrido en Perú, después del fallido intento de Castillo de disolver el Congreso y decretar un gobierno de excepción. La reacción de la oposición fue acusar al maestro rondero de dar un «golpe de Estado», en el que las Fuerzas Armadas ni siquiera tuvieron participación.

Respaldos y deserciones

A la posición de México se han plegado países como Colombia, Venezuela, Honduras, Bolivia y Argentina, aunque la voz cantante la ha mantenido López Obrador en un juego a dos bandas: por un lado, enarbolando el respeto a la soberanía, y por otro, calificando lo sucedido en Lima de «persecución» contra un presidente electo por voto popular.

El espaldarazo a Castillo fue incluso más contundente tras un comunicado firmado por Bolivia, Colombia, Argentina y México, en el que también se exigió el respeto a la voluntad popular.

Dentro del llamado «progresismo» regional, solo Chile se negó a adherir la posición a favor de Castillo. La postura de Santiago fue plegarse al discurso de que el mandatario vacado había transgredido el orden constitucional y entablar lazos con la nueva administración, al igual que el resto de los Gobiernos de la derecha suramericana.

De este modo, en dos semanas, la región ha quedado dividida en dos bloques claramente diferenciados con respecto a la situación peruana, que parece lejos de resolverse mientras continúe la represión a las protestas que exigen la liberación de Castillo, la salida de Boluarte, el llamado a nuevas elecciones y la disolución del Congreso.

¿Y ahora qué?

Por ahora, el peso de la expulsión del embajador mexicano es más político que administrativo. La sede diplomática continuará prestando los servicios consulares, pero la decisión pone en alerta a las naciones que están alineadas con la postura de López Obrador.

En ese particular destaca la figura de Gustavo Petro, quien no solo se sumó al comunicado, sino que criticó abiertamente la inacción del Sistema Interamericano para garantizar el respeto a los derechos de Castillo. Su postura le valió duras palabras por parte de la Cancillería peruana, que expresó su «profundo malestar» para con el mandatario colombiano.

Por ahora, Lima ha llamado a consultas a los embajadores firmantes del comunicado conjunto, mientras arrecia sus gestiones en el plano diplomático para obtener respaldos internacionales, a pesar de las denuncias por represión a las protestas y los cuestionamientos de legitimidad contra la mandataria en funciones.

De momento, México dice que no prevé romper relaciones con Perú, pero desde Lima, el flamante premier Alberto Otárola lanzó otro dardo contra López Obrador al acusarlo de promover el deterioro de unos «históricos vínculos políticos, culturales, a lo largo de muchos años».

El llamado de Otárola al mandatario mexicano fue tajante: «Pare de referirse a Perú (…) No vamos a permitir que personas que no tienen ninguna relación con el Gobierno de Perú puedan manifestarse, causando incesante intromisión en los asuntos internos del país».

No obstante, el tema no está zanjado. Ayer López Obrador adelantó que pretendía sostener una conversación sobre Perú con su homólogo estadounidense, Joe Biden, porque considera que la mano de Washington tuvo un papel clave en la crisis política.

«Apenas se estaban dando los hechos [en Perú], el primer comunicado es de la embajadora de EE.UU. [Lisa Kenna] ya reconociendo la decisión del Congreso», denunció el mandatario mexicano. Del mismo modo, recodó que en los momentos de «más confrontación y de represiones», la diplomática norteamericana visitó a Boluarte en el Palacio de Gobierno: «Eso es completamente injerencista«.

Las declaraciones de López Obrador dejan claro que el llamado de Otárola no será acatado. Además, mientras Castillo sigue preso, la población movilizada y la relación bilateral tensa, México tiene ahora en su territorio a la esposa del mandatario vacado de Perú y a sus dos hijos, después de unas intensas negociaciones para que obtuvieran el asilo.

Es más, al ser consultado ayer sobre si dejaría de opinar sobre el país andino, tras el pedido de la administración de Boluarte, López Obrador fue claro: «El caso de Perú es muy lamentable. Es un país con un pueblo hermano que, desde hace muchos años, cuando menos seis, han contado con cinco presidentes. Imagínense esta situación. Se debe fundamentalmente a intereses de un grupo que domina y que no permite que el pueblo peruano participe en la vida pública y ejerza sus derechos para que haya una auténtica democracia». El silencio, por ahora, no es una opción.

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