UAFE aportó en Ley de Extinción de Dominio que facilitará la recuperación de lo robado por la corrupción.

Quito (Pichincha).– La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) participó activamente en la construcción de la Ley de Extinción de Dominio aprobada el pasado 23 de abril por la Asamblea Nacional. Esta ley permitirá cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), como aquella que establece la necesidad de contar con una normativa para decomisar bienes o activos relacionados con el delito de lavado de activos y aquellos derivados de la corrupción, narcotráfico o crimen organizado.

El proceso de construcción de este cuerpo normativo inició en 2019 y fue liderado por la entonces Secretaría Anticorrupción del Ecuador, con el acompañamiento técnico de instituciones de la comunidad internacional como la Organización de Naciones Unidas, Banco Mundial y su iniciativa STAR (Recuperación de Activos Robados).

Los aportes para la construcción de esta ley fueron discutidos además en la mesa de Democracia del “Acuerdo Nacional Ecuador 2030”, que contó con la participación de representantes de la sociedad civil, academia, organizaciones políticas y todos los poderes del Estado. En este espacio, la UAFE generó importantes aportes jurídicos para enriquecer el borrador del proyecto.

Luego de cuatro meses de construcción y análisis, el 01 de octubre de 2019, el exsecretario Anticorrupción, Iván Granda junto al director ejecutivo de la UAFE, Leopoldo Quirós, entregaron el proyecto de ley al presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo; al vicepresidente César Solórzano; y a jefes de las diferentes bancadas legislativas del Parlamento, quienes se comprometieron a dar un tratamiento urgente a la propuesta.

Durante el análisis en el Legislativo, la UAFE envió observaciones tanto para el informe para primer debate como para el segundo, y también organizó el seminario “Delitos Económicos y Recuperación de Activos” dirigido a la comisión que trató la norma, con notables expositores internacionales para conocer de cerca el proceso de extinción de dominio en la región.

El eje central de la ley plantea un proceso legal expedito que facilita a jueces y fiscales especializados en materia anticorrupción, la recuperación de lo robado con el fin que estos recursos pasen a la titularidad del Estado.