Trabajadores y jubilados eléctricos se declaran en estado de lucha

Germán

Patricio Tenesaca expresa los temores del sector especialmente en lo relacionado a posibles concesiones.

Trabajadores y jubilados del sector eléctrico se reunieron en Cuenca para efectuar una proclama en defensa del patrimonio eléctrico que, según dijeron sus dirigentes, estaría en riesgo de ser entregado a poderosos grupos económicos mediante las figuras jurídicas de las concesiones.

Whashington Silva, Patricio Tenesaca, Germán Guayamabe y Marco Herrera, coincidieron en señalar que el gobierno del presidente Moreno ha despertado la ambición de los inversionistas privados, nacionales e internacionales, toda vez que la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) posee un patrimonio superior a los 11.000 millones de dólares en las centrales hidroeléctricas.

Precisaron que solo Hidropaute le genera al Gobierno 250 millones de dólares para financiar el gasto social. El sistema eléctrico ha producido hasta el momento utilidades superiores a los 100 millones de dólares, por citar algunas cifras.

Sin embargo todo esto se pretende tirar por la borda en beneficio de los concesionarios a quienes no les interesa para nada la inversión social sino la máxima extracción de utilidades gracias a las fuertes inversiones que efectuó el Estado ecuatoriano en la ejecución de los proyectos hidroeléctricos.

Con estos y otros antecedentes, los dirigentes y trabajadores y jubilados integrados en las organizaciones Cetra Celec, Enlace y otros organismos enfatizaron que se declararon en “estado de lucha” y constituyeron el Frente Nacional de Defensa de los Sectores Estratégicos para asumir un proceso de movilización permanente en defensa del patrimonio eléctrico ecuatoriano.

Exigen al Gobierno Nacional el respeto de la Constitución que prohíbe la privatización en cualquiera de sus modalidades de los sectores estratégicos.

También exigen el respeto de los derechos laborales y el reintegro de los trabajadores que han sido despedidos del sector.

Demandan de la Contraloría y la Fiscalía General del Estado acciones concretas en la fiscalización de la gestión del sector, así mismo reclaman a la justicia penal sanciones ejemplares a quienes han cometido y siguen cometiendo actos de corrupción en perjuicio del Estado y de las grandes mayorías poblacionales.

Proclamas similares serán efectuadas en diferentes ciudades del país.

 

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