Sindicato de Choferes del Azuay plantea amparo constitucional para el traspaso real de las gestiones administrativas (VIDEO)

Por una negativa del Ministerio de Trabajo a inscribir al nuevo Directorio están congeladas todas las cuentas impidiendo el pago de las obligaciones.

Frente a la negativa del Ministerio del Trabajo para inscribir al nuevo Directorio del Sindicato de Choferes Profesionales del Azuay, resultante de una mayoritaria elección, y las dificultades para pagar a los empleados y proveedores y cumplir otras obligaciones, el organismo presentó en las instancias judiciales una acción de protección constitucional.

El ministerio ha justificado la negativa en el hecho de  que “no se convocó a elecciones a tiempo”.

El asesor jurídico del gremio, Galo Cárdenas, rebatió ese argumento enfatizando que a la cartera de Estado solo le compete registrar al nuevo Directorio y asunto concluido.

Indicó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dice claramente que el Ministerio del Trabajo “solo debe registrar las Directivas, no puede opinar sobre los procesos electorales de los sindicatos u organismos de los trabajadores”, en ese mismo sentido hay varios precedentes jurisdiccionales en el país, por tanto lo que hace el ministerio en Cuenca es arrogarse funciones.

En este contexto está planteada la acción de amparo constitucional para que la nueva administración pueda cumplir en forma real todas sus funciones, además se ha pedido medidas cautelares para que la anterior directiva no ocupe las instalaciones y proceda a entregar los datos a fin de que se pueda cumplir con el pago a los trabajadores, expresó el profesional del derecho.

Puntualizó que junto a los sueldos está pendiente una serie de otras obligaciones como los aportes al IESS, pagos al SRI, a proveedores. Hay 29 cuentas en bancos y otras entidades financieras que están congeladas porque al anterior Directorio lo único que le interesa es que la actual administración se hunda, sostuvo Cárdenas.

El secretario general actual, Patricio Narváez, expresó que se hacen todas las gestiones necesarias para cumplir las obligaciones con los trabajadores que lamentablemente están siendo manipulados y desinformados y por eso han adoptado medidas que generan mayores problemas.

Reclamo de los trabajadores

Al respecto, Luis Guamán Torres, auditor interno del Sindicato, señaló que la preocupación inmediata es la falta de pagos a los 70 empleados y 20 instructores durante los meses de septiembre, octubre y parte de noviembre, lo que les ha obligado a declarar desde el pasado lunes una “huelga de brazos caídos” rotativa y progresiva, además están impagos los proveedores, personal de servicios y algunas otras personas.

Guamán responsabilizó de esta realidad a la actual administración a la que se le ve “improvisaciones por todos lados, los señores no tienen un plan de trabajo, no generan ingresos”.

Indicó que en la actualidad la escuela, en vez de crecer más bien se ha reducido. A los trabajadores “no nos toman en cuenta, a los técnicos de carrera nos dejan de lado, vemos solamente un montón de errores, un montón de amenazas” que más bien da la idea que tratan de hacer despechar a los trabajadores para reducir el personal, sostuvo.

Consideró que hay algunos malos manejos de parte de la actual administración como tratar de utilizar el efectivo de la bomba de combustibles de la institución por fuera del sistema contable; hay utilización indebida de vehículos, algunos de los cuales están sin matrícula, y una serie de otras irregularidades, dijo el auditor.

Calificó de positiva la decisión del Ministerio del Trabajo de facultar al exsecretario general del Sindicato, Mesías Vicuña, quien aún está registrado en los bancos, para el pago de los sueldos y algunos otros haberes y obligaciones, asunto al que la actual administración “no nos está dando las facilidades”.

Sobre esta posición Narváez confirmó haber recibido fuertes reclamos por parte de dirigentes laborales, inclusive acusaciones de corrupción, lo cual es irreal pues lo único que se ha hecho es evitar gastos innecesarios, como por ejemplo en arriendos para la escuela del sindicato cuando en el local propio había aulas abandonadas.

Hay múltiples acciones que están en marcha para corregir muchas irregularidades heredadas de la anterior administración y eso no gusta a muchos, enfatizó Narváez.