Sentencia de jueces puede suspender la minería en el país o declarar la guerra a las comunidades

Los sectores opuestos a la minería mantuvieron presencia activa en los alrededores de la Corte Provuncial de Justicia.

Los sectores opuestos a la minería mantuvieron presencia activa en los alrededores de la Corte Provuncial de Justicia.

En medio de la presión popular y gubernamental, el Tribunal de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia abrió un compás de espera que puede durar hasta 8 días para resolver la apelación del Estado sobre la suspensión de las actividades mineras en Río Blanco, parroquia Molleturo.

La resolución que puede suspender la minería en todo el país o “declarar la guerra” a las comunidades, según el presidente de la Ecuarunari, Yaku Pérez, está bajo la responsabilidad de los jueces Edgar Morocho Illescas (ponente), Auria Piedad Calderón y Rosa Zhindón Pacurucu.

El Estado representado por los ministerio de Minas, del Ambiente y la Procuraduría General del Estado apeló  la sentencia del juez Paúl Serrano, el 5 de junio de 2018,  suspendiendo las actividades mineras en Río Blanco.

La audiencia de este lunes 23 de julio se desarrolló en un tenso ambiente. Las inmediaciones de la Corte Provincial de Justicia amanecieron cercadas por barreras metálicas a lo que se sumó un fuerte contingente policial.

Desde la noche del domingo los grupos apuestos a la minería se instalaron en vigilia en el Parque Calderón. Avanzada la mañana se desataron algunos incidentes con el lanzamiento de huevos a las fuerzas del orden; una campesina mal aleccionada amenazó con romperle la cámara al cronista gráfico de un medio nacional.

Mujeres se retiran del parque Calderón hacia el final del plantón.

Tras la audiencia, los comuneros se congregaron en el Salón  de la Ciudad donde Yaku Pérez dejó entrever la presión gubernamental señalando que al Ministerio de Minas, al Ministerio del Ambiente y a la Procuraduría General del Estado los jueces les dieron 40 minutos y a los accionantes 10 minutos de intervención.

En esa reunión Pérez denunció que hace 8 días le contactó un emisario de la Junefield Ecuador Mining South América diciendo que “quieren conversar, que permitan hacer minería responsable y que elija yo a los técnicos de mayor confianza… que ellos pagan, yo elijo… y que a cambio de eso, no darían en obras, sino nos entregarían 18 millones de dólares, para que yo haga obras en las comunidades”.

Blanca Chancoso y Yaku Pérez en la mesa directiva en una reunión en el Salón de la Ciudad.

Añadió que con esas maniobras se puede entender que harán todo lo posible por quebrar la sentencia, ante lo cual, el sábado 1 de septiembre los sectores ambientalistas se reunirán en La Troncal para decidir una marcha y un levantamiento nacional contra la minería.

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