Revisan reformas que implican al sistema de Contratación Pública

La contratación de la obra pública entre a procesos más rigurosos. (Foto referencial de archivo).

La nueva Ley Orgánica de Reforma del  Código Integral Penal (COIP) en materia de anticorrupción y sus implicaciones en la Contratación Pública y auditoría de la Contraloría General del Estado fue el tema que analizó la Cámara de la Construcción de Cuenca.

La reforma apunta a todos los temas relacionados a las adquisiciones y contrataciones que realizan las entidades públicas de manera regular o durante declaratorias de emergencia.

Su objetivo es precautelar el buen uso del bien público; es decir, el manejo correcto de alrededor de 6.000 millones de dólares que se utilizan cada año en adquisiciones, obras, prestación de servicios y otros requerimientos de las instituciones del Estado como el Ejecutivo, las empresas públicas y los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

La Asamblea Nacional aprobó esta reforma que fue publicada en el Registro Oficial con fecha 17 de febrero de 2021 y que entrará en vigencia a partir de agosto del presente año, como respuesta a los indicios de malversación de fondos, bienes adquiridos de manera directa, sin procesos llevados de manera correcta, con aparente sobreprecio o direccionamiento, eventos que se evidenciaron durante la emergencia sanitaria que aún vivimos.

Álvaro Vintimilla, perito experto en Contratación, Pública, mencionó los pro y contras de la reforma. Entre los aspectos relevantes destacó: el informe de favorabilidad que deberá presentar la Contraloría General del Estado a cada proceso de contratación en un plazo de 15 días en período normal y 72 horas en fase de emergencia; así como, la certificación por parte del Sercop de todos los funcionarios que participan en las distintas fases de los procesos de contratación pública. Ellos son los responsables de llevar a bien todos los concursos, indicó.

Además, puntualizó que el endurecimiento de las penas podría llevar a pensar dos veces a funcionarios o proveedores para no incurrir en delitos de cohecho o peculado. De acuerdo a la reforma del Art. 60 las penas van desde privación de libertad entre 13 y 18 años; y, el Art. 68 hace referencia a la perdida de derechos de participación.

Muerte administrativa

Las sanciones se agravan cuando el perjuicio a la administración pública o la evasión de un proceso de contratación, se ha dado durante declaratorias de emergencia o estados de excepción, en temas de salud, educación, vivienda, seguridad social. Para estos casos se determina la inhabilidad para ejercer cargos públicos y en entidades financieras, de por vida.

Es importante también la creación del Subsistema Nacional de Control integrado por representantes del Sercop, Contraloría, Consejo de Participación Ciudadana y las superintendencias acordes a la materia, para la revisión de procesos caídos, fallidos, informes devueltos, etc.

Al experto, no obstante, le preocupa que la Contraloría no disponga del recurso operativo necesario para cumplir con el Art. 18.1, que dispone la emisión de informes de pertinencia de los procesos de contratación en un plazo de 15 días y 72 horas según la circunstancia, considerando que hay alrededor de 400.000 propuestas que se emiten al año. Si al momento, el organismo de control tiene alrededor de 1.200 empleados, de dónde sacará los recursos para triplicar el personal calificado, se preguntó. Según la reforma, el funcionario que no cumpla con esta disposición será despedido automáticamente.

Otro recurso que resulta subjetivo es el que hace referencia al sobreprecio en contratación pública. La Ley no establece lineamientos claros para determinar este particular, sino que se deja a criterio de quienes harán la auditoría y de quienes darán el impulso fiscal, lo cual puede resultar contraproducente.

“Esperamos que se tomen las medidas adecuadas para que los inconvenientes observados no lleven a una desaceleración de la inversión pública por parte de las autoridades contratantes”, manifestó Vintimilla.

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