Reformas a Ley de Comunicación eliminan esquema administrativo de sanción y control

La presidente de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, recibe el proyecto de reformas a la Ley de Comunicación de manos del secretario de Comunicación, Esteban Michelena (Foto Secom)

La presidente de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, recibe el proyecto de reformas a la Ley de Comunicación de manos del secretario de Comunicación, Esteban Michelena (Foto Secom)

Con la mira puesta en la supresión de la Superintendencia de Comunicación (Supercom), la venta de los medios incautados, la eliminación de la figura del linchamiento mediático, la creación de un Observatorio de Derechos Humanos y Justicia y la reclasificación de los medios públicos, el Gobierno de Ecuador envió a la Asamblea Nacional el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

El proyecto tiene 80 artículos, 4 disposiciones generales y 6 transitorias.

Con estas propuestas se pretende “acabar con 10 años de hostigamiento y persecución” a los medios de comunicación y a los periodistas, según Michelena, citado por el diario público El Telégrafo.

El proceso de eliminación de la Supercom deberá cumplirse en un plazo improrrogable de 180 días, desde la publicación de la ley en el Registro Oficial. Varias de sus competencias así como sus funcionarios pasarán a  formar parte de la Defensoría del Pueblo o del Consejo de Regulación de la Información y Comunicación (Cordicom).

Entre las principales reformas consta la derogatoria de doce artículos que eliminan la figura del linchamiento mediático, el Consejo Consultivo que brinda asesoría en proceso de formulación de políticas de información y comunicación, la figura del defensor de audiencias que era obligatoria para los medios de comunicación.

Los medios públicos deberán financiarse con recursos institucionales, ingresos en publicidad, comercialización de productos comunicacionales y los fondos que provengan de donaciones o patrocinios.

Los pedidos de rectificación y de réplica deberán ser acogidos por los medios de comunicación, en caso de que eso no ocurra en el plazo de 72 horas, el ciudadano afectado podrá acudir a la Defensoría del Pueblo para que le concedan “medidas de protección y restitución de derechos”.

La Defensoría del Pueblo también deberá actuar cuando exista inequidad en la publicidad de casos judiciales; cuando un medio de comunicación no entregue copias de programas o impresos; en casos de revictimización, o cuando no se emita comunicación intercultural y plurinacional.

Durante la entrega del proyecto de reformas, Michelena sostuvo que las propuestas del Ejecutivo son producto de la política de diálogo emprendida por el Gobierno.

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