El pasado 18 de enero la página en Facebook Crónica Cuenca reportó que Hugo Gonzalo Pillco Quinche, de 27 años, recluso que estaba por salir en libertad de la cárcel de Turi, fue brutalmente agredido y murió en el hospital Vicente Corral Moscoso. La Fiscalía del Azuay y la Policía investigaban a dos reos que estarían implicados en esta muerte violenta.
Así “a secas”, el hecho delictivo no pasaba de ser uno más de la lamentable escalada de violencia que sufre Ecuador, pero el contexto social y la descomposición del estado de derecho es lo doloroso y, en última instancia, lo tenebroso del caso.
Abogados cercanos a los canales judiciales que conocen ese delito refirieron que años atrás la víctima mortal, nativo de Gualeceo, había caído en la adicción al alcohol y su comportamiento motivó a sus familiares a tomar la triste decisión de pedir legalmente su alejamiento.
En esas circunstancias, alguna acción indebida provocó que sea detenido por los agentes policiales y posteriormente sea sancionado por el sistema judicial con prisión en la cárcel de Turi.
Tras la sanción, estaba por salir, los guardias penitenciarios, boleta de libertad en mano, cumplían el proceso de excarcelación, pero recibieron una “orden” interna que el procedimiento quede sin efecto.
El interno estaba en deuda con quienes se habían tomado la atribución de “protegerlo” y no podía irse sin pagar. Lo que siguió fue la agresión brutal que le quitó la vida.
Esto evidencia que el Estado ya no tiene ningún control en la cárcel de Turi, y se supone que algo similar pasa en los demás centros penitenciarios del país. Las órdenes provienen de las mafias organizadas.
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