En Quimsacocha contralor inicia inspecciones para auditar proyectos mineros

El contralor Pablo Celi (2do. D) y el presidente de la Ecuarunari, Yacu Pérez, recorren parte del páramo acompañados por miembros comunitarios

El contralor Pablo Celi (C) y el presidente de la Ecuarunari, Yacu Pérez, recorren parte del páramo acompañados por miembros comunitarios

El humedal Quimsacocha, al sur andino del Ecuador, es en la actualidad uno de los símbolos más fuertes de la resistencia comunitaria por la defensa del medio ambiente, en especial contra la megaminería metálica.

Esta fortaleza se confirmó este jueves 15 de febrero cuando desde diferentes lugares del país se movilizaron hacia Quimsacocha representantes de varias comunidades opuestas al extractivismo minero para acompañar al contralor general del Estado, Pablo Celi, en su primera visita de campo a los proyectos mineros.

Estuvieron en el lugar delegaciones de Íntag y Los Bancos, de la provincia de Pichincha; San Miguel de Pambil, Bolívar; Tundaime, Zamora Chinchipe; Palo Quemado, Cotopaxi; Cuenca, Tarqui, Victoria del Portete, San Fernando, Santa Isabel y Girón, Azuay, organizaciones ecologistas, el gerente de la empresa municipal ETAPA, Boris Piedra;  la alcaldesa de Nabón, Magaly Quezada, concejales de algunos municipios, sacerdotes, líderes comunitarios.

La visita se enmarcó en el compromiso adquirido por el contralor en la visita efectuada a su despacho días atrás por parte de representantes de las comunidades afectadas por los proyectos mineros.

Tras un recorrido por los espacios del humedal, una ceremonia ancestral y la bendición del agua por parte del sacerdote salesiano, Angel Lobato, el presidente de la Ecuarunari, Yacu Pérez Guartambel, reconoció el gesto de Celi  al elegir Quimsacocha como el primero de los cinco grandes proyectos mineros en Ecuador a ser inspeccionado en persona.

Con la ceremonia ancestral se dio muestras de la vida espiritual de las comunidades.

No ha habido un contralor que se haya movilizado a escucharles a ustedes y que diga que lo hará apegado a la Constitución, la ley y los tratados internacionales, enfatizó el dirigente.

De seguido reivindicó la propiedad comunitaria del sector visitado, conocido como hato Sombrederas de Quimsacocha, exhibiendo escrituras que, afirmó, datan de 1891, cuando 200 comuneros compraron los terrenos en pesos, en una amplia extensión que lindera por el río Portete, río Bermejos, Paredones de Molleturo, de la entonces parroquia Cumbe.

Para probar la validez actual de la propiedad mostró una certificación de la Registraduría de la Propiedad de Cuenca, con fecha 15 de enero de 2018 “que nos dice que somos los comuneros los dueños de este territorio”.

Pérez recordó que la concesión minera se dio en el 2001 y “desde el 2002 estamos en resistencia”, soportando persecución, criminalización, encarcelamientos, pero firmes, llevando y multiplicando la voz de defensa del agua en todo el Ecuador y otros países como Perú, Chile, Canadá.

En todos estos lugares se ha demostrado que Quimsacocha es la fuente de tres grandes ríos: el Rircay que va hacia el Jubones y al océano pacífico; el Tarqui y el Yanuncay que alimentan el Paute en su viaje al Amazonas y el Atlántico, dijo.

Añadió que  también es el soporte de 11 microcuencas hidrográficas: Rircay-Surucay, Alumbre, Falso, Cristal, Chorro, Tutupali, Zhucay, Portete, Irquis, Tarqui, Bermejos.

Pero nada de esto se ha tomado en cuenta, recalcó el dirigente, y es más, previo a la concesión del 2001, el Comité Ambiental efectuó 12 observaciones incumplidas, entre las cuales están la falta del informe del entonces Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) hoy Senagua y la inexistencia del informe del CREA, hoy Senplades.

“Señor contralor, no queremos que haga nada en beneficio de nosotros ni nada en contra de nosotros, solo queremos que haga justicia”, expresó Pérez, poniendo como testigos a los cientos de comuneros presentes en el humedal y dos veedores de los procesos de concesiones mineras, la ambientalista Esperanza Martínez y el geólogo Pablo Duque.

[spacer height=”20px”]El gerente de ETAPA, Boris Piedra, ratificó el compromiso institucional en la defensa y protección del agua y la vida.

“Debemos parar toda actividad minera hasta que no existan estudios técnicos adecuados que determinen que no hay afectación alguna, esa es nuestra posición”, enfatizó el funcionario al pedir al contralor una acción determinante en las auditorías ambientales de los procesos en marcha.

La vida es lo primero que hay defender, no estamos en contra de las actividades productivas del país, pero sobre eso está la defensa de la vida y del agua, subrayó.

[spacer height=”20px”]Pablo Celi aseguró que sus visitas se enmarcan en el interés de entender y atender un problema de muy alto impacto para las comunidades próximas a los proyectos mineros y en general para todo el  país.

Se trata de escuchar a todas las partes para reunir los criterios que permitan dar paso a un  examen de auditoría que abarcará el  cumplimiento de la normativa legal, el cumplimiento de aspectos técnicos, sociales y ambientales, expresó.

Informó que parte los exámenes preliminares  están en marcha en los proyectos Mirador y Fruta del Norte, en Zamora Chinchipe, así como en los  medianos y pequeños proyectos en la provincia del Napo.

Ahora se trata de ampliar estas acciones y precisar sus ámbitos, para eso estamos acá para conocer el criterio de las comunidades y mirar en forma directa el impacto de los proyectos, en una confluencia de la contraloría pública y el control social, acotó.

[spacer height=”20px”]Ante el pedido de que detenga los proyectos en Quimsacocha y Loma Larga, Celi respondió que esa no es su competencia sino de los ministerios de Minas y del Ambiente, a la Contraloría le corresponde vigilar el cumplimiento de las normas legales y técnicas, así como la correspondencia de las políticas públicas con los niveles de necesidad social e impacto ambiental.

La convicción por la defensa del agua y el medio ambiente es bastante marcada en varios sectores.

 

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