Que no sea una oportunidad perdida

Por Pedro Cornejo Calderón

Si Fernando Villavicencio pide la renuncia de la presidente de la Asamblea Nacional -AN- y de todos los miembros del Consejo Administrativo Legislativo -CAL-, quiere decir, que habló por interpuesta persona tanto el gobierno como la embajada americana, en todo caso su pronunciamiento es oportunista, porque su discurso siempre se ha prestado a través del escándalo encubierto de denuncia, a favorecer al gobierno cuando atraviesa dificultades, pretendiendo engañar con una retórica aparentemente amigable y ecuánime, que está dispuesto a sacrificarse por la patria, renunciando a la Comisión de Fiscalización, claro está, como siempre de labios para afuera.

La estrategia del gobierno de desgaste y desprestigio a la AN, inculpándole de una labor obstruccionista y señalando que sus miembros son “corruptos y ladrones”, resultó un bumeran, salpicando y evidenciando que lo acordado solamente lo hizo público, cuando no se aprobó su proyecto de ley; por otra parte, dinamitó la única alianza política que conservaba con PK y la ID, antes ya lo hizo con el PSC y UNES, golpeó a la presidente de la Asamblea aislándole de sus compañeros de partido y de las restantes fuerzas políticas parlamentarias, restándole además la escasa credibilidad y confianza ciudadana de la que goza.

La falta de liderazgo, la pésima gestión administrativa, la ausencia de diálogo, la poca capacidad de escucha y de llegar a acuerdos, la mala asesoría política y legal, y el acudir a la administración de justicia para que resuelva el desacuerdo político, fue rechazada internamente, así también por las fuerzas sociales, logrando destruir la representatividad de su cargo y credibilidad en su palabra. Esta realidad política le aisló y llevo a perder la mayoría en el Cal (Consejo Administrativo de la Legislatura).

Apelada su presidencia por negarse a tratar las denuncias en su contra y de los miembros del Cal, la perdió, recibiendo solo el apoyo de CREO, por lo que asumió la misma el vicepresidente Virgilio Saquicela. El discurso público de estar dispuesta a la conformación de la comisión ad hoc multipartidista, a ser investigada y evaluada su gestión, en los hechos fue puro cuento, el único objetivo fue aislar “al correísmo”, siendo derrotada con esta jugada táctica, está por verse si estratégicamente también funciona.

Ahora, en la continuidad de la suspendida sesión del miércoles de la presente semana, el Cal debe calificar la denuncia en contra de la señora Llori e inhibirse de conocer aquella que está dirigida en contra de los miembros del Cal, para que sea el pleno quién proceda a la designación de la comisión multipartidista ad hoc, y de inicio el proceso investigativo. Debo señalar que, no hay conflicto de intereses si el Cal conoce y determina que la denuncia en contra de sus miembros reúne los requisitos formales, no está emitiendo un juicio de valor ni criterio sobre el contenido de la denuncia, ni está actuando como juez y parte, pues es el pleno quien designa la comisión multipartidista, ésta procede con la investigación, asegurando las garantías del debido proceso, y al final es el pleno quién adopta la respectiva decisión.

La presidente Llori no puede dejar de convocar al pleno ni al Cal, a riesgo de que se autoconvoquen los asambleístas y precipiten los acontecimientos, debe reconocer que perdió el respaldo y tiene mucha culpa del desgaste y desprestigio de la Asamblea. Ya no tiene espacio para una salida “digna”, lo perdió.

La asamblea y las fuerzas políticas que la conforman se encuentran obligadas a dotarle de institucionalidad, garantizando el ejercicio pleno de sus atribuciones y la independencia de funciones; recuperar su credibilidad, a través de debates serios que evidencien la visión del país a construir; restaurar la confianza ciudadana, garantizando el ejercicio pleno de sus derechos que aporten a la reactivación de la economía y la generación de empleo; defender  los bienes públicos y la prestación de servicios gratuitos y de calidad.

Dialogar, llegar a acuerdos, renovar sus autoridades y establecer una agenda para todo el período legislativo, es un imperativo. La deliberación y el acuerdo son esenciales para su funcionamiento.