El proyecto Tranvía tiene que volver a institucionalizarse

El alcalde Marcelo Cabrera (centro a la izquierda) y parte de los asistentes a la audiencia al momento de culminar la sesión

El alcalde Marcelo Cabrera (centro a la izquierda) y parte de los asistentes a la audiencia al momento de culminar la sesión

Por Mario Cando

Avanzamos con mucha firmeza en la defensa de los intereses de la ciudad, expresó el alcalde Marcelo cabrera este viernes 13 de octubre, tras la segunda jornada en la audiencia de mediación para definir los mecanismos y  montos de pago a las empresas CITA y Artelia, obligadas a suspender su trabajo en el proyecto Tranvía, por el incumplimiento del consorcio CCRC con el que el municipio terminó unilaterlamente el contrato.

En forma preliminar está listo el acuerdo, solo faltan algunos insumos, como en el caso de Artelia que tiene que justificar los valores para avanzar en la redacción del texto final que esperamos se firme  la próxima semana, insistió el alcalde.

Con ello se superará un problema que para algunos concejales fue sorpresivo y se suma a la serie de inconvenientes que siguen retrasando y encareciendo la ejecución del proyecto.

Al anuncio fallido sobre la firma del nuevo contrato para la terminación, el pasado miércoles 11 de octubre, ahora salió al debate público el reclamo de la empresa CITA, proveedora de los rieles, vagones y más tecnología del sistema, para que se le pague por el tiempo que no pudo realizar su trabajo  debido al incumplimiento del consorcio CCRC.

Este reclamo del que los concejales Cristian Zamora y Dora Ordóñez refirieron varias cifras: 3, 5, 7, 12 millones de dólares, motivó  la convocatoria al Concejo Cantonal, por parte del burgomaestre,  para que, en una sesión inusual, el feriado del lunes 9 de octubre, le autorice la comparecencia a una mediación que defina la metodología y el monto de ese pago. Los ediles criticaron la inasistencia del alcalde a esa sesión.

Posiciones opuestas marcaron el debate que finalmente le autorizó a presentarse en la conciliación.

Dora Ordóñez se mostró sorprendida de que el reclamo de CITA, efectuado en febrero de 2016 haya tenido respuesta 15 meses después, en mayo de 2017, eso significó un serio perjuicio económico a Cuenca pues día a día se incrementaron los montos del reclamo.

La edil sostuvo que el Concejo no tenía por qué conocer el tema de la convocatoria, el alcalde puede comparecer a la mediación sin autorización del Concejo, que además sumaba una tercera audiencia; qué pasó con las anteriores?, no se nos ha hecho conocer.

En similares términos se pronunció el concejal Cristian Zamora, para quien el contrato original contempla acciones de mediación en casos de controversia en los que el acalde está facultado plenamente para actuar por sí y ante sí, con el debido amparo legal. Lo que pasa es que necesitaba el respaldo político y compartir con el Concejo una responsabilidad económica inesperada, dijo.

En el lado opuesto se colocó la opinión del concejal Javier Barrera que sostuvo que el  Concejo sí es competente para autorizar la comparecencia pedida por el alcalde.

Señaló que el COOTAD en su Art. 331, literal j),  les prohíbe a los ejecutivos de los GADs “aceptar conciliaciones conforme a la ley sin previa autorización del órgano de legislación”. Como la mediación es una conciliación, era absolutamente necesario que el alcalde reciba la autorización del Concejo para que pueda comparecer a la mediación pedida por CITA, argumentó Barrera.

Respecto a la firma del nuevo contrato, anunciada por el alcalde para el 25 de octubre, Dora Ordóñez y Cristian Zamora exteriorizaron sus dudas que ello vaya a materializarse, como tampoco tendrá cumplimiento el plazo de 10 meses para la terminación de la obra civil.

Pidieron precisiones sobre el monto real del nuevo contrato que se ha dicho será de más o menos 43 millones de dólares, pero a los que  habrá que sumar el IVA, aranceles, obras de ajardinamiento y no se sabe qué más valores. ¿Hay la certificación presupuestaria?, ¿cuál será el costo final del proyecto?, preguntaron.

Obras suspendidas en el sector de la 9 de Octubre

De su parte, el concejal Carlos Orellana se sumó a las preocupaciones por los conflictos surgidos. Informó que con la concejal Martha Castro solicitaron a  la Contraloría que intervenga en todo lo actuado por la administración y gerenciamiento del proyecto.

Hemos pedido una mirada profunda sobre los contratos derivados de la declaratoria de emergencia y de las obras complementarias que se fueron acumulando y que no contaban con partida presupuestaria, sumando grandes cantidades de recursos, señaló.

Pedimos una auditoría sobre  los gastos por los temas legales, por los resultados del contrato de  4 abogados externos, por 75.000 dólares  cada uno, para el asesoramiento en la terminación unilateral del contrato con CCRC, añadió.

Precisó que aparte de las obras de ingeniería, no se ha avanzado nada en la generación de una cultura tranviaria; hay mucha demora en el proceso de subasta de los predios del cuartel Cayambe; hay demasiada movilidad en los gerentes, técnicos y demás personal; no se sabe si actúa la fiscalización.

Hay muchos retrasos, insistió Orellana, no se conoce el modelo de gestión, los concejales hemos exigido al acalde que nos cuente como avanza ese modelo  pero no hay respuestas. Eso evidencia que el proyecto no ha tenido una buena gestión ni un buen gerenciamiento.

Se tiene que obrar con madurez, no es dable que se quiera seguir justificando lo injustificable, tanto desde la administración pasada como desde la actual. A estas alturas ya no hay como ser pro o anti tranvía, lo que anhelamos es que se firme el nuevo contrato y se cumpla, hay que pensar más en la ciudad que en los cálculos políticos. Se han acumulado tantos problemas que el proyecto tiene que volver a institucionalizarse, subrayó el concejal.

 

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