Presidenta ratifica transparencia de las elecciones 2019 y desvanece acusación de juicio político.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional conoció, las pruebas de descargo de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) Diana Atamaint.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional conoció, las pruebas de descargo de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) Diana Atamaint, durante el proceso de control político. Los documentos expuestos por la titular del órgano electoral desvirtuaron los argumentos presentados por el movimiento CREO.

La intervención de la presidenta Atamaint clarificó a los legisladores cuáles son las funciones que tiene la máxima autoridad del CNE y cuáles son competencias del cuerpo colegiado, así como de los órganos y organismos que componen la Función Electoral. Por ejemplo, explicó que en el caso de Yasunidos se han agotado todas las instancias nacionales, incluyendo al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y la Corte Constitucional, por lo que no es competencia del CNE, órgano administrativo, definir los mecanismos de reparación de derechos.

Sobre las auditorías electorales, indicó que se conformó una Comisión Técnica por la Transparencia del Sistema Informático Electoral, cuyos miembros siguieron de cerca el proceso electoral y tuvieron autonomía. En ese mismo sentido, explicó que los consejos consultivos de los comicios de 2019 se llevaron a cabo a escala nacional a través los Diálogos con Organizaciones Políticas, efectuados en enero y febrero de ese año.

En lo que respecta a Luis Loyo, la presidenta informó que al momento de la vinculación del funcionario, no tenía ningún impedimento, como lo ratifica el certificado del Ministerio de Trabajo. Además, se realizaron las investigaciones del caso, que no encontraron ningún impedimento laboral.

Finalmente, sobre las elecciones en Los Ríos, la presidenta Atamaint presentó las sentencias del TCE, que ratificaban la decisión del Pleno del CNE. Además, explicó que existen documentos de la Fiscalía General del Estado, el TCE y la Corte Constitucional, que archivan o inadmiten las denuncias sobre presunto fraude electoral, pues no existen elementos de convicción al respecto.

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