Presentan nuevo pedido de juicio político contra la ministra de Gobierno de Ecuador

La ministra María Paula Romo nuevamente se encuentra en el ojo de la tormenta. (Foto tomada de RT).

 

Los asambleístas ecuatorianos Lourdes Cuesta, Roberto Gómez y Amapola Naranjo presentaron este miércoles 15 de enero un nuevo pedido de juicio político contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por su accionar durante las protestas sociales registradas el pasado mes de octubre.

De acuerdo a la publicación del canal RT, los legisladores denuncian puntualmente el uso de bombas lacrimógenas caducadas, el lanzamiento de bombas en los exteriores de la Universidad Católica (una zona de paz y de acogida humanitaria) y la tardía activación del Comité de Protección del Periodista.

Según Gómez, «la propia ministra ha admitido ser responsable» de estos hechos. Además, los parlamentarios incluyeron el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que se establece que durante el paro nacional hubo un uso excesivo de la fuerza.

La solicitud tiene 49 firmas de respaldo de diferentes organizaciones políticas, entre ellas el Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana y asambleístas independientes.

Este es el tercer pedido de juicio político en contra de Romo. Los dos primeros fueron presentados de manera separada, uno por Gómez y Cuesta, y otro por Naranjo. No obstante, la Comisión de Fiscalización decidió que no había argumentos para recomendar al Pleno que iniciara ese proceso.

De acuerdo con Naranjo, este tercer pedido, «al igual que en el proceso de enjuiciamiento político anterior, que fue archivado», posee pruebas suficientes para la destitución de la ministra.

Por su parte, Romo ha rechazado las acusaciones en su contra y calificado de «sesgado» el informe de la CIDH sobre las protestas que sacudieron al país, en contra de la eliminación de los subsidios a los combustibles decretada por el Ejecutivo.

Por otro lado, en las últimas horas circulan denuncias que sacuden las redes sociales de Ecuador pues incriminan a la ministra en presuntos intentos de acallar los reclamos de las personas afectadas por la violenta represión policial de octubre de 2019, mediante pago de dinero.

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