Prefectura del Azuay defiende  los intereses de la provincia

Gráfica referencial.

La prefecta del Azuay, Cecilia Méndez, presidió este martes 22 de febrero la sesión del Consejo Provincial en la que se trataron diversos temas de interés para el desarrollo de la provincia, en especial contenidos relacionados a la reunión con el presidente Guillermo Lasso, la semana anterior.

En la sesión se plantearon los siguientes temas:

La defensa de las fuentes hídricas y la necesidad de concretar acciones que permitan que el líquido vital esté protegido. “La amenaza no solamente es a la economía azuaya sino a la provincia entera en su hábitat, las relaciones sociales, familiares, culturales, identitarias… esta es una de las preocupaciones grandes que tenemos”, dijo. En este sentido planteó la necesidad de una consulta popular provincial que declare a la provincia libre de minería metálica.

La necesidad de resolver el conflicto limítrofe con el Guayas, al ser un tema social que involucra a la comunidad de Planteó la necesidad de una consulta popular para que sea el pueblo el que escoja a dónde quiere ir.

Comunicó la acción interpuesta ante la Corte Constitucional el 21 de febrero de 2022 en la ciudad de Quito en acompañamiento a la Comisión Territorial de Límites.

El tercer punto tratado tuvo relación con las asignaciones pendientes con el Gobierno Provincial del Azuay pues la deuda llega a aproximadamente 12 millones de dólares. Además, hay compromisos con el Banco de Desarrollo del Ecuador, fondos necesarios para el sostenimiento de la ruralidad de la provincia del

La Prefecta expresó que fue el tema vial y la mancomunidad de lo público a lo público donde hizo hincapié durante la reunión con el presidente, pidiendo que se entregue el peaje de Chaquilcay como punto estratégico que podría sostener parte del financiamiento vial para la ruralidad

Méndez  expuso el modelo territorial y le señaló al presidente Lasso la necesidad de tener una nueva fórmula por la equidad vial territorial basado en la soberanía

Indicó que Azuay ya puso una primera discusión en el CONGOPE para que esta fórmula tenga en primera instancia la visión de productividad para la soberanía alimentaria, luego del turismo y la conectividad y no al revés, como se da en la actualidad.

En torno a la Ley 047 resaltó la responsabilidad que tienen los administradores de turno respecto al fortalecimiento del “Sabemos que cualquier intervención que se haga altera las condiciones del ambiente pero también es nuestra responsabilidad guardar los recursos económicos para aliviar los daños ambientales que se producen, en este caso por la presencia exclusiva de las centrales hidroeléctricas», expresó.

Esta redistribución no puede ser un reparto de recursos a los GAD sin una planificación territorial vista desde su ecología. Se requiere de un ente    rector que pueda cumplir con este cometido siendo los gobiernos provinciales los más indicados, dijo.

“Amerita poner nuestro punto de vista, nuestra voz, el Azuay necesita poder decirles y estamos seguros de que vamos a escuchar una voz, vamos a tener la escucha del señor presidente porque si lo planteamos bien, si lo planteamos con consideración, si lo planteamos con respeto vamos a tener respuestas y positivas”, pero en un trabajo conjunto,  subrayó la autoridad.

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