¿Por qué Lasso vetó la ley que pretendía derogar su reforma tributaria en Ecuador?

Guillermo Lasso, presidente de Ecuador.

El mandatario alegó razones de «inconstitucionalidad» e «inconveniencia».

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, vetó la ley que pretendía derogar su reforma tributaria.

La normativa, que fue objetada por el mandatario, había sido aprobada por la Asamblea Nacional (AN) de Ecuador el pasado 29 de noviembre y dejaba sin efecto la «Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia Covid-19», que se encuentra vigente desde el 29 de noviembre de 2021, difundió la cadena RT.

En un oficio enviado al titular del Parlamento, Virgilio Saquicela, Lasso notifica que se trata de un veto «total» por «inconstitucionalidad» y por «inconveniencia». El documento, aunque tiene fecha del 23 de diciembre, se dio a conocer este martes 27 de diciembre.

Respecto a la inconstitucionalidad, el mandatario señala que «el proyecto de ley no fue presentado por el Ejecutivo, quien tiene iniciativa legislativa privativa en materia fiscal».

Lasso fundamenta su objeción en el artículo 135 de la Constitución de Ecuador, que establece que solo el presidente de la República podrá «presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto público o modifiquen la división político administrativa del país».

La reforma

La «Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia Covid-19» entró en vigor el año pasado mediante decreto-ley, luego de que la AN no alcanzara los votos suficientes para archivarla.

Ese decreto-ley vigente, según informó en octubre de 2021 el Ministerio de Economía y Finanzas, tiene como objetivo recaudar 1.900 millones de dólares en los dos primeros años de vigencia.

La ley estableció cambios en el sistema tributario, como en los impuestos a la Renta (IR), al patrimonio, a la herencia, al Valor Agregado (IVA) —eximiendo de este a algunos productos y gravando otros—, a Consumos Especiales (ICE); así como la regularización de activos en el exterior.

Al momento de votar por su derogación en la AN, varios asambleístas argumentaron que la iniciativa del Ejecutivo provocaba perjuicios económicos a la clase media y sectores populares. La calificaron como «lesiva».

Por ejemplo, la legisladora Viviana Veloz calificó la iniciativa de «paquetazo y atraco tributario» y consideró que el decreto-ley era «inconstitucional»; mientras que el asambleísta Luis Almeida dijo que la normativa «trajo más pobreza».

Tras la aprobación de la nueva ley en el seno de Parlamento, el Ejecutivo advirtió que vetaría la normativa, cuestión que Lasso ya ha materializado. Al ser un veto total, el decreto-ley se mantiene vigente y la AN podrá volver a votar el texto derogatorio dentro de un año.

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