Parlamentario andino denuncia que Fiscalía de Ecuador realizó fraude procesal en su contra

Virgilio Hernández, parlamentario andino. (Foto Internet).

El analista político y parlamentario andino, Virgilio Hernández, denunció, en una entrevista con Sputnik, que la Fiscalía de Ecuador realizó fraude procesal en el caso en el que es acusado de rebelión durante las protestas de 2019.

«La Fiscalía acusó que había grandes sumas de dinero en mi casa, lo cual es absolutamente falso. Imagine que un fiscal cambie 740 dólares por 740.000 dólares, eso es fraude procesal, porque es engañar o utilizar una información falsa para engañar al juez y de esa forma justificar las órdenes de prisión preventiva. Eso fue lo que hicieron conmigo», dijo Hernández.

Hernández enfrenta un juicio por el presunto delito de rebelión relacionado con las violentas protestas de octubre de 2019 contra un decreto que eliminaba el subsidio a los combustibles y que posteriormente fue derogado por el entonces presidente Lenín Moreno (2017-2021).

En octubre de 2020, al inicio de la instrucción fiscal en su contra, Hernández recibió orden de prisión preventiva y estuvo recluido en una cárcel de la ciudad de Latacunga (centro).

La misma medida fue aplicada a la prefecta de Pichincha (norte), Paola Pabón, y contra Christian González, quienes al igual que Hernández pertenecen al movimiento político del expresidente Rafael Correa (2007-2017).

En diciembre, una jueza de la Corte de Pichincha dispuso que los tres sean liberados para que enfrenten el proceso en libertad, pero con medidas cautelares como el uso de grillete electrónico y prohibición de salida del país, entre otras.

«Absurdo jurídico»

Hernández consideró, en diálogo con Sputnik, que el caso es un «absurdo jurídico», ya que no tiene fundamentos procesales, «más bien se motiva en consignas políticas del anterior Gobierno y de una justicia que no garantiza imparcialidad».

«En nuestro caso creo que se verifica un hecho más de lawfare que ha sacudido a la región y que en nuestro caso es evidente. Moreno se enfocó sobre todo a dirigir desde el primer día sus ataques al correísmo. Primero dijo que era fruto de una conspiración internacional entre [Nicolás] Maduro y [Rafael] Correa. En nuestro caso, ya concluyó la instrucción fiscal, la investigación, y no hay un solo elemento que pruebe que existió esta conspiración», agregó.

Asimismo, sostuvo que no hay evidencia de que hayan participado en un hecho de violencia o que hayan contratado a venezolanos para dañar la ciudad de Quito, tal como acusó la Fiscalía.

«Incluso no tenemos ninguna vinculación con ninguna fuerza armada, ni con la Policía, ni vínculo con los que eran realmente los actores de la protesta. Es decir, ¿qué posibilidad hay que tres personas seamos capaces de poner peligro la vigencia de la Constitución y del Gobierno? Esto es absurdo. En cualquier Estado de derecho serio, no habría prosperado esta acusación», expresó.

Además, mientras la ley de otorga a la Fiscalía dos años para investigar, solo se tomó 12 horas para analizar el caso, fundamentó.

«El 5 de noviembre yo acudí a la justicia cuando el juez me vinculó legalmente. Sin embargo, cuando se determina mi prisión, se dice que había peligro de fuga, por lo que se establece una prisión preventiva. Ese juez que determinó la prisión preventiva paradójicamente, por coincidencia, yo no insinúo nada, pasó a ser juez de la Corte Nacional de Justicia», deslizó.

Pedido de amnistía

El 25 de septiembre, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional (parlamento) de Ecuador admitió a trámite un pedido de amnistía para quienes enfrentan procesos judiciales por las protestas de octubre de 2019, entre los que se encuentra Hernández.

El parlamentario sostiene que es un «camino que se abre» y que tiene «fe», pero advierte que, para que se apruebe, se requieren 92 votos en una Asamblea que está «fragmentada».

«No es fácil que podamos obtener esos votos. Ojalá que esto sea por lo menos una oportunidad para evidenciar cómo se hizo este proceso», indicó.

En octubre de 2019 diversos grupos sociales, liderados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), mantuvieron 12 días de protesta en contra de la decisión del Ejecutivo de eliminar los subsidios a los combustibles, decisión que finalmente tuvo que ser derogada para terminar con las protestas.

Esas jornadas de protesta provocaron la muerte de unas 10 personas, millonarias pérdidas económicas y actos vandálicos, incluida la quema del edificio de la Contraloría de la nación.

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