Con la finalidad de generar procesos de capacitación que fortalezcan los emprendimientos individuales, grupales y comunitarios, varias organizaciones de mujeres mantienen durante estas semanas reuniones de trabajo con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo.
Los primeros diálogos se han orientado a afirmar la comprensión de que los emprendimientos económicos no deben responder a iniciativas y esfuerzos espontáneos, aislados y reproducidos en el terreno de la competitividad capitalista que llevan a individualizar los esfuerzos y por ende al fracaso de la mayoría de ellos.
La idea de la presente propuesta es avanzar en las iniciativas asociativas y comunitarias fundamentadas en la innovación y en acciones globales que articulen a todas las instancias de los procesos productivos.
Por otro lado, las organizaciones tienen el objetivo de afianzar y enriquecer los 10 puntos de la plataforma con la que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) lleva adelante los diálogos con el gobierno del presidente Guillermo Lasso, a raíz del paro nacional de 18 días contra sus políticas neoliberales.
De hecho, a través del documento “Aporte unificado de organizaciones y espacios de mujeres diversas y disidencias”, las organizaciones realizan aportes a cada uno de los 10 puntos en discusión para potenciar el diálogo en función de las necesidades y requerimientos de los más amplios sectores poblacionales.
Respecto al punto 1: Reducción, congelamiento y focalización del precio y subsidio de los combustibles, entre otros aspectos, las organizaciones proponen crear con parte del sobreprecio del petróleo, un fondo sustancial para financiar transformaciones estructurales, tanto a través de proyectos de transición energética como hacia una reorientación de las políticas agrarias.
En cuanto a la moratoria y renegociación de deudas con reducción de tasas de interés, las asociaciones proponen generar una política de control de las tasas de interés a través de la Superintendencia de Bancos y Cooperativas y a través de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria que responda a la realidad productiva del país y fomente el acceso a financiamiento productivo de las mujeres.
En relación a las precios justos en los productos del campo, piden adecuar las legislaciones excluyentes a la normativa internacional en torno al acceso a la tierra para las mujeres rurales, en orden a los instrumentos internaciones de derechos humanos.
En el tema del empleo y los derechos laborales requieren programas de formalización, afiliación a la seguridad social, adecuación y reconversión laboral, y capacitación para los nuevos mundos del trabajo con foco en mujeres y jóvenes.
Respecto a las actividades extractivas mineras y petroleras, los colectivos exigen detener las concesiones que hayan sido otorgadas a las empresas mineras en territorios indígenas y afrodescendientes, fuentes de agua, áreas naturales protegidas, bosques protectores y áreas de conservación comunitarias y en sitios de importancia cultural y espiritual para comunidades rurales, pueblos indígenas y afrodescendientes.
Al tratar de los derechos colectivos, las mujeres piden garantías de su aplicación y financiamiento, con presupuesto público, en todas las regiones del país, del sistema intercultural bilingüe y de etnoeducación en todos los niveles, para dignificar y reconocer los saberes y aportes de los afroecuatorianos y pueblos indígenas en el pasado y en el presente, para que la historia que se imparta sea la de la resistencia de los pueblos frente a la colonialidad y el racismo.
Respecto al punto 7: Alto a la privatización de los sectores estratégicos, las organizaciones exigen comprometer la no privatización del sistema de seguridad social, Banco del Pacífico, CNT, hidroeléctricas, carreteras, sector de la salud.
Para el control de precios y de la especulación proponen la creación y ejecución de proyectos y programas de cadenas de valor con comercio justo sensibles al género, enfocados en productos de alimentación para consumo interno.
En cuanto a la salud y educación, las asociaciones proponen garantizar la educación laica y la educación sexual integral en el sistema público y privado; implementar un sistema público de cuidados en todas las fases de la vida, desde la niñez hasta la tercera edad, descentralizado y con la participación de GADS, organizaciones sociales y gremios; fomentar procesos de educación, comunicación y capacitación para la prevención de la violencia basada en género, xenofobia y racismo, con foco en las mujeres de las zonas rurales y mujeres indígenas.
Sobre la seguridad sostienen que el tema está ligado a la criminalización de las economías populares y al consecuente empobrecimiento de jóvenes racializados que así se vuelven útiles al empresariado mafioso. Señalan también que es clave incorporar aquí el tema de la violencia de género, hacia niñas y niños y los feminicidios.
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