Observatorio de Lawfare de Celag desentraña el concubinato entre los sistemas políticos y la justicia

Una de las sesiones de análisis de la sitiación de Ecuador, en marzo de 2022. (Foto Celag).

América Latina es hoy, más que nunca, un espacio en disputa. Parte de la conflictividad y de las tensiones políticas buscan ser dirimidas en el campo de lo jurídico. El lawfare, inicialmente asociado a una “guerra contra la corrupción”, se ha ampliado hasta alcanzar procesos electorales y aparatos financieros, incluyendo por momentos el libreto de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Se trata de un proceso de largo aliento que no se restringe a la instrumentalización del aparato judicial con fines políticos, sostiene el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag). 

El lawfare es una guerra política por la vía judicial-mediática, con intereses económicos, políticos y geopolíticos ocultos a la opinión pública. Incorpora jueces, corporaciones de la comunicación, periodistas y líderes de opinión, policías, embajadas y agentes de inteligencia (local y extranjeros). Se caracteriza por el abuso de prisiones preventivas, delaciones premiadas y veredictos antes del debido proceso judicial, mediante acoso y desmoralización a través de medios de comunicación. Incluye allanamientos de locales políticos y hogares de militantes, persecución y amenaza a familiares, situaciones de exilio y refugio político, manipulación y propagación de miedo en los involucrados en determinados procesos políticos (lawfear).

En los últimos años, estas tácticas han sido utilizadas contra varias decenas de líderes o ex funcionarios y funcionarias de gobiernos y de militantes en Argentina, Ecuador, Brasil, Bolivia, El Salvador, Venezuela, vinculados a gobiernos, programas o proyectos que cuestionan con mayor o menor alcance la ortodoxia neoliberal.

Esta guerra opera “desde arriba”, por medio de un aparato judicial que se “eleva” por encima del Poder Legislativo y del Ejecutivo, ampliando el margen de maniobra y poder para los jueces, en detrimento de la pérdida equilibrio entre poderes habilitando una creciente juristocracia y normalizando en muchos casos el doble rasero de la ley. El encumbramiento del aparato judicial y la selectividad en los casos se articula con un rol protagónico de los medios de comunicación, que operan para la pronta criminalización de sectores o líderes políticos.

Esta dinámica se alimenta con voces de especialistas (muchas provenientes de Think Tanks estadounidenses) que tienen fuerza de verdad y eco en los principales de medios y redes sociales. Es llamativo el rol de agencias de gobierno e intereses del sector privado estadounidense involucradas tanto en los procesos judiciales como en los resultados y eventos posteriores a los mismos, que muestran la instrumentalización del aparato judicial-mediático a favor de objetivos económicos, políticos y geopolíticos foráneos, que comparten intereses y negocios con minorías privilegiadas locales.

El proceso de lawfare no se limita a la persecución contra partidos políticos y sectores vinculados al progresismo, sino que avanza también contra la protesta social, exacerbando la criminalización de la militancia y

la política, en una apuesta por salvar o fortalecer al neoliberalismo, la tecnificación de la política, la despolitización del Estado y el reforzamiento de sus aparatos represivos.

Este preocupante y por momentos tensionado escenario, viene siendo denunciado, analizado y combatido por diversas organizaciones políticas y de la sociedad civil como la Asociación Americana de Juristas; la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia; el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia del Grupo de Puebla; la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, entre las más destacadas, con diversas publicaciones, eventos, manifiestos y asesoría en los múltiples procesos judiciales que se vienen desarrollando en los últimos años. Incluyen a abogados, cientistas sociales y militantes de América Latina y otros espacios, tendiendo redes a nivel internacional para darle proyección a esta problemática que afecta también a otras regiones.

En esta línea y con el ánimo de cooperar y trabajar en conjunto con estos organismos, el Observatorio de Lawfare del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica tiene por objetivo realizar análisis sistemáticos sobre los diferentes casos de lawfare en América Latina, desde una perspectiva interdisciplinar que permita articular los diversos ámbitos de operación del lawfare y los intereses involucrados, que trascienden lo jurídico-mediático para impactar en aspectos políticos, económicos, de estrategia y seguridad.  En términos generales, se proyecta:

  • Estimar la cantidad y características de casos a nivel nacional, considerando la articulación entre procesos judiciales y la opinión pública/opinión experta y los intereses económicos y geopolíticos involucrados.
  • Señalar las principales continuidades y diferencias entre los diferentes casos  a nivel regional, atendiendo al modo en que opera el lawfare, sus dimensiones, actores y dinámicas involucradas.
  • Identificar las agencias y subagencias del gobierno de EE.UU. y actores del sector privado implicados en procesos de lawfare a nivel internacional, los ámbitos de acción, modos de operar y el impacto en países de América Latina.
  • Establecer las tendencias del lawfare a nivel local y regional.

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