Nuevos actos de abuso de autoridad, hostigamiento y discriminación laboral en la Defensoría del pueblo del Azuay.

Imagen referencial de internet.

En fechas 11 y 30 de noviembre del 2020,  se presentaron en la Dirección Regional del Trabajo de Cuenca, dos denuncias por “Discriminación Laboral” en contra de la Abg. Verónica Aguirre Orellana, representante de la Defensoría del Pueblo en la provincia del Azuay, quien, por el cargo que ostenta está llamada a velar y proteger los derechos humanos de los habitantes de la provincia;  sin embargo, esto no ha sucedido al interior de las oficinas de la Delegación del Azuay, pues, a los pocos meses de su posesión, inició en contra de dos servidoras públicas, actos de abuso de poder, hostigamiento y discriminación laboral.

Las servidoras denunciantes se han destacado al interior de la Defensoría del Pueblo, llevando adelante procesos educativos en derechos humanos en las diferentes cantones dirigidos a personas servidoras públicas y ciudadanas, logrando con esto que al interior de la Defensoría del Pueblo, la Delegación del Azuay sea reconocida por su arduo trabajo en la promoción de los derechos humanos y en el área tutelar realizando acciones que han permitido garantizar el derecho a la paridad de género, entrega de medicamentos a pacientes oncológicos, detener las actividades de minería ilegal, la inclusión y permanencia de personas con discapacidad en la educación superior, entre otras, a favor de la ciudadanía.

Los actos de discriminación y abusos cometidos han ocasionado el quebrantamiento de la salud física y psicológica de las servidoras, pues, han sido ejercidos por dicha representante de manera reiterativa y sistemática; actos que  de acuerdo a la Norma Técnica para la Erradicación de la Discriminación en el ámbito laboral, buscan entre otros objetivos la desvalorización de las víctimas, su hostigamiento, intimidación, influenciando negativamente en el rendimiento diario de sus actividades en beneficio de la colectividad y son atentatorios a su estabilidad laboral.

Estas actuaciones de violencia laboral y de género se han ejercido de manera continua durante aproximadamente un año, es así, que en el mes de enero del 2020 se presentó una “Acción de Protección” por la vulneración de los derechos humanos de la servidora Mgt. Mariela Z, cuando se le negó un permiso para atender la delicada salud de su hija adolescente, acción de protección que fue declarada con lugar por los Jueces Constitucionales en dos instancias, pese a estos hechos lamentables, la máxima autoridad de la Defensoría del Pueblo ha continuado respaldando a su Delegada.

Paralelamente, en la Unidad de Judicial de Violencia contra la Mujer, se encuentra pendiente de resolución una Acción de Protección planteada en contra de la Delegada Provincial del Azuay, quien, en un acto de arbitrariedad y abuso de poder, nuevamente niega tácitamente un permiso para rehabilitación física a la servidora Mgt. Fátima G, misma que tiene un diagnóstico por enfermedad profesional.

Una vez que las denuncias han sido presentadas ante el Director Regional del Trabajo, Dr. Xavier Bermúdez, las víctimas a través de su abogada patrocinadora Dra. María Rosa Cabrera Berrú, pretenden que la oficina Regional de Trabajo, en el ámbito de las competencias, declare que la Delegada Provincial del Azuay de la Defensoría del Pueblo, ha realizado actos de discriminación y acoso laboral en contra de la humanidad de las servidoras y con esto cesen las acciones de hostigamiento, las cuales han sido sistemáticas hacia la servidoras Fátima G y Mariela Z.

La primera audiencia de acoso laboral tuvo lugar este miércoles 16 de diciembre de 2020 en la Dirección Regional de Trabajo de Cuenca.

Con lo expuesto, se espera que inmediatamente la máxima autoridad de la Defensoría del Pueblo, Dr. Fredy Carrión Intriago, tome los correctivos necesarios para que ningún servidor o servidora vuelva a ser víctima de este tipo de actos lesivos.

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