Nuestro accionar frente a la violencia política, de género y mediática

Por Pedro Cornejo Calderón.

En nuestra sociedad son cada vez más evidentes los resultados nefastos del modelo neoliberal implantando por el gobierno siamés de Moreno y Lasso, expresados en: hundimiento del estado, mayor extracción de los recursos hacia el sector privado, reducida inversión pública, acompañada de la destrucción de los bienes estatales y el deterioro creciente de los servicios públicos, ahondamiento de la crisis institucional con abandono de los valores democráticos, sistemática violencia y deterioro del tejido social, sembrando miedo, incertidumbre y desesperanza en la población.

Este modelo cierra filas y se alía con el sector más represor de las fuerzas de seguridad y con los medios de comunicación; se hace de los órganos de control, del Consejo de la Judicatura y de gran parte de la administración de justicia; fortalece los mecanismos de persecución política y proscribe a la oposición; reduce la gestión y acción estatal que apunta a la redistribución; concede inmensos recursos por exoneración y beneficios tributarios; genera condiciones para la inclusión de la iniciativa privada en detrimento de los servicios públicos, siendo la salud, educación y seguridad los más afectados por ausencia de políticas públicas y de recursos; destruye la naturaleza, favoreciendo la ganadería intensiva y la minería de gran escala; incentiva la división de la sociedad, el odio hacia lo distinto, promueve prácticas en contra de las diversidades sexuales, los movimientos feministas, de izquierda y defensores de los derechos humanos.

Lo expresado se encuentra respaldado en algunos hechos y datos significativos, señalemos a manera de ejemplo, que la inversión acumulada en el sector público no financiero  viene decreciendo desde el 2017 que fue del 5% hasta situarse en agosto de este año en 0.92%, el crecimiento anual de nuestra economía fue del 0,5% incluido el 2.8% previsto para el 2022, por cierto de los más bajos de la región y que no supera el valor anterior a la pandemia; la reforma tributaria no reactivó la economía, no generó empleo ni atrajo la tan cacareada inversión extrajera, tan solo favoreció a la banca y los sectores petrolero, minero y empresarial, ampliando la brecha entre pobres y ricos.

El estado absorbió, por la remisión de intereses y beneficios tributarios en favor de un reducido y privilegiado sector de la población, la cantidad de 20.000 millones, pero es cicatero e incapaz de condonar las deudas de hasta $ 10.000 aprobadas en las mesas de diálogo en favor de los pequeños productores, cuya aspiración alcanza aproximadamente los 150 millones.

Insensible con las necesidades de su pueblo, el gobierno reduce la inversión pública, mientras la reserva internacional por cerca de 9.000 millones, crece y se mantiene en el extranjero, percibiendo el 0,1 de intereses, solo para pagar la deuda externa, cuyos mayores tenedores son los banqueros nacionales. Deuda que se acerca a los 80.000 millones y representa el 24% del presupuesto,

La crisis económica ha provocado que la migración vaya en aumento, reportando solo en este año la detención en la frontera de los Estados Unidos de 29.865 compatriotas, y en el mes de octubre de 1.200 niños sin sus padres; ocasiona que la violencia contra las mujeres crezca, alcanzando las 23.357 denuncias de violencia psicológica y 3.985 de violencia fisica. Otras manifestaciones son el estado de ánimo negativo de la ciudadanía, que se sitúa en el 97%, frente al 0,7% que mantienen expectativas positivas de mejoría en el mediano plazo; motiva la calificación negativa de la Asamblea Nacional, el Ejecutivo, la Fisalía, la Función Judicial, las Fuerzas Armadas, la Policía y gran parte de las autoridades locales, reflejando un claro divorcio con las demandas y expectativas de la población.

La crisis de seguridad refleja que los centros de detención estén tomados por los carteles del narcotráfico; que en su interior se haya producido más de 400 asesinato; que el Secretario de Seguridad y los altos mandos de la Policía tengan denuncias  no desvirtuadas de haber pactado con los grupos delincuenciales; que es creciente el número de miembros de las fuerzas de seguridad involucrados en actos delincuenciales; que con el mayor descaro se traslada un radar y luego este es destruido, dejando desprotegidas dos zonas en las que el narcotráfico opera a sus anchas; que ingresan armas, drogas, aparatos de comunicación sin control alguno; que en el interior de los centros de detención se realizan fiestas y ruedas de prensa de los cabecillas narcos; y que, los estados de excepción no funcionan ni funcionarán, si no hay inversión, ni existen políticas públicas orientadas al control y la rehabilitación de los detenidos, ni tampoco se depuran las filas del ejército y policía.

En el gobierno neoliberal, la defensa de los Derechos Humanos y la lucha contra la corrupción son inexistentes, por decisión del aparato gubernamental y porque sus responsables se asoman solo para cobrar el sueldo; el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se encuentra bajo su control, por ello, su presidente disputa el control de la institución para garantizar la permanencia de las autoridades de control o designar a quienes son obedientes y responden a los intereses del ejecutivo, como sucede con el actual Procurador del Estado, también para cumplir el objetivo principal, el desprestigio institucional de cara a la consulta popular. En cambio, el ejecutivo utiliza como válvula de escape el enfrentamiento con la Asamblea Nacional, señalando que le impide gobernar, no le provee de las herramientas legales para reactivar la economía, generar empleo, combatir al crimen organizado y enfrentar la corrupción. La prensa amplifica el comentario y lo posesiona como verdad.

La represión al movimiento indígena/campesino y popular ha sido la respuesta a sus demandas, como también lo ha sido el incumplimiento de la palabra y los acuerdos alcanzados; el enfrentamiento al movimiento feminista y los grupos defensores de los Derechos Humanos es constante, deslegitimando su lucha y poniendo en tela de duda el valor del sistema jurídico y los derechos que avalan sus propuestas.

El descrédito de los logros del gobierno de la RC, por que las obras ejecutadas son «actos de corrupción y elefantes blancos», por «la metida de la mano a la justicia» y por la «persecución a sus opositores», machacada todos los días y en toda ocasión, han permitido, con el apoyo de la prensa, inocular odio y blanquear la persecución a sus dirigentes, siendo imperativo su derrota y proscripción «aún a costa de la economía».

Esta construcción de la realidad generada desde los medios de comunicación con asesoría de la embajada norteamericana, ha ocultado la mala gestión gubernamental, la corrupción que le corroe, la apropiación de bienes y servicios públicos por parte del empresariado, también ha profundizado las discrepancias hasta convertirlas en irreconciliables, ha sustituido el argumento por el enfrentamiento irracional y la descalificación, ha vendido la idea que la violencia común y organizada se combate con más represión y con una población armada que se enfrente a la delincuencia y haga justicia por mano propia.

Como el gobierno no va a cambiar sus objetivos y accionar, más bien intentará profundizarlos, de cara a este momento político debemos responder con objetividad y visión estratégica, teniendo presente que, la acción gubernamental, el tiempo, la gestión parlamentaria, el apoyo de las redes sociales, los medios alternativos de comunicación, y la fortaleza de la militancia progresista han permitido evidenciar que  la violencia es gubernamental, que los corruptos siempre fueron ellos, que los principios y valores democráticos son simples instrumentos al servicio de los grandes grupos económicos, que no hay respeto a la separación de poderes sino el interés de captar todo el poder, que utiliza el aparato judicial para resolver los problemas políticos y perseguir a sus opositores, que el control social es más efectivo a través de la violencia y el miedo, por lo que debemos impulsar en el territorio amplias campañas que desentrañen el interés real de lo que persigue el gobierno con la consulta popular, alcanzando con ello mayor educación política, organizarnos y fortalecernos territorialmente, acercarnos al pueblo y recoger sus reales necesidades y aspiraciones. Este accionar debe permitirnos trabajar por nuestras candidaturas seccionales y los programas de gobernanza local que impulsamos.

Para las elecciones seccionales está bien que tengamos información de la década ganada, pero no podemos solo mirar la realidad a transformar con los ojos puestos en el retrovisor, nos corresponde demostrar que conocemos el territorio, que contamos con soluciones reales y posibles a los problemas locales, que sabemos cómo hacerlo, que tenemos claridad de los recursos a invertir para impulsar y fortalecer el desarrollo local, y que haremos gobierno con el acompañamiento ciudadano, con su participación y control social.

Debemos superar la dicotomía «correismo-anticorreismo», dándole sentido a la política que destierra lo individual por lo comunitario; generando saludables debates de ideas apuntaladas en razones y que sirvan para construir acuerdos de largo aliento; promoviendo el trabajo, la organización barrial y la reunificación de familiares y amigos; dejando que fluyan las iniciativas, las diversas formas organzativas y el afloramiento de  nuevos liderazgos; impulsando la participación ciudadana con claridad de  los retos a vencer, del rol e instrumentos que cuenta a su favor; volviendo a organizar y multiplicar los círculos de estudio, convirtiéndoles en eficaces correas de transmisión de información, seguridad, gestores de la política y acción  partidaria; recuperando y defendiendo los bienes públicos; apropiándonos de los espacios públicos como lugares de encuentro y convivencia ciudadana; defendiendo las instituciones y el diálogo democrático; al igual que apoyando los acuerdos de las fuerzas políticas efectuados a la luz pública y que resguarde el interés general y público.

Nos corresponde realizar acciones políticas que encaren el presente y futuro con paciencia y optimismo, que nos permitan superar la inmediatez por los objetivos estratégicos, que nos perciban siempre proactivos, que devolvamos confianza y fe en lo que viene, demostrando que hay  salidas, que no todo está perdido, participando activamente y apostando por espacios saludables e incluyentes que reconozcan derechos y obligaciones.

En todos los espacios, sean partidarios o sociales, nos corresponde aportar y apostar por direcciones que surjan del reconocimiento social, se ganen a pulso  y no sean fruto del amiguismo o la decisión vertical y arbitraria. Debemos prepararnos para evidenciar que podemos hacer cambios trascendentes sin violencia, respetando las reglas democráticas que no son nuestras pero debemos observarlas, que con humildad hemos aprendido de los errores y que recogemos las críticas, las valoramos y las devolvemos en mejores prácticas políticas.

En lo personal, aspiro que en un futuro cercano surja una fuerza de izquierda que enfrente con certeza al neoliberalismo, al neofascismo y sea una alternativa que empuje a las fuerzas del centro y del progresismo hacia la consecución de una sociedad justa, equitativa, incluyente, de oportunidades, de derechos y obligaciones, defensora de la naturaleza y constructora del buen vivir.

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