
Las familias perjudicadas efectuaron su protesta en el parque central.
Moradores de la ciudadela Los Trigales Altos efectuaron este miércoles 13 de junio una protesta pública contra la intención del GAD Municipal de Cuenca de desalojarlos del espacio donde hace más o menos 22 años atrás los deslizamientos destruyeron numerosas viviendas, allí está planificada la construcción de un parque.
Cristian Saquicela Galarza, líder del colectivo Ciudadanos en Acción, recordó que hace más de 22 años, para la construcción de un programa habitacional en el lugar, se permitió el relleno de quebradas, se cortó el flujo de las aguas subterráneas, no se hicieron estudios de compactación de suelos, entre otras anomalías.
En ese perjuicio se juntaron 3 partes: la Constructora Arias, el Municipio de Cuenca y el entonces Banco de Fomento. La responsabilidad legal de la constructora está prescrita, pero quien tiene que responder es el municipio que otorgó los permisos, subrayó Saquicela.
Precisó que un equipo de jóvenes arquitectos, ingenieros, sociólogos y abogados del colectivo, constató la injusticia ocasionada y que ahora se pretende repetir por parte de la municipalidad contra los moradores a los que se trata de desalojar mediante el reconocimiento de entre 6 y 10.000 dólares por el nuevo avalúo del suelo.
Pero a esas fechas las familias invirtieron considerables recursos que seguramente hoy equivaldrán a más de 60.000 dólares, entonces lo que la Alcaldía de Cuenca quiere reconocer es un insulto, sostuvo el dirigente.
En la protesta de este miércoles estuvieron 25 familias que aún viven en sus casas afectadas por la inestabilidad del suelo, pero se suman 20 familias más que deberían ser desalojadas, con la decisión municipal, de acuerdo a Saquicela. En total suman unas 95 casas afectadas, puntualizó.
Precisó que de acuerdo a las indagaciones técnicas y legales del equipo, las familias no son damnificadas sino perjudicadas. Tenemos informes desde el 2000 hasta el 2017 que garantizan que las personas fueron estafadas, aseguró.
Añadió que si el municipio ha cambiado el uso del suelo para la construcción del parque del agua, debe obrar con justicia con los propietarios de estos predios, porque fueron estafados, perjudicados por la negligencia municipal.
Intencionalidad política
Según Saquicela, esta injusticia responde a la intención política del alcalde Marcelo Cabrera de acelerar todo a última hora para quedar bien, pensando en una posible reelección, pese a que en la campaña ofreció a las familias perjudicadas facilitarles vivienda.
En este sentido los moradores exigen la reubicación y sobre todo el reconocimiento de 22 años de vulneración de derechos, con 6 ó 10.000 dólares no les alcanza para nada, enfatizó.
No estamos pidiendo migajas, ni caridad, ni nada por el estilo, estamos pidiendo justicia, reiteró.
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