Medidas cautelares contra Defensor del Pueblo, por posible vulneración de derechos laborales de sus servidores/as .

Servidoras y servidores públicos de las Delegaciones de Azuay, interponen una Garantía Jurisdiccional contra el titular de la Defensoría del Pueblo.

El titular de la Defensoría del Pueblo, aduciendo razones de reestructuración y ahorro en el presupuesto institucional, ha decidido suprimir las partidas de nombramiento definitivo de un grupo de personas servidoras que  presentaron medidas cautelares para frenar la acción de Freddy Carrión Intriago, pues afecta indiscutiblemente la estabilidad laboral de dichos servidores/as.

Según explico por el abogado defensor de las demandantes, se pretende suprimir las partidas, a pesar que en agosto de 2020, Carrión ya disminuyó los salarios y una hora de la jornada de trabajo,  diciendo que la “decisión fue tomada pensando en el bienestar de todos y todas las personas que forman parte de la institución que, día a día, protege y tutela los derechos de nuestra población, y cuando en varias otras entidades del sector público han optado por despedir al personal de contrato y suprimir partidas de nombramientos provisionales y también definitivos”, con dichas declaraciones no se explica por qué inicia un proceso de ‘supresión de partidas’ que deja sin sustento a las familias del personal de la DPE.

(Los despidos no son una opción para el Defensor del Pueblo como medida dispuesta por el Gobierno nacional para ajustar el presupuesto institucional debido a la emergencia sanitaria, de 8 de junio de 2020).

Frente a la reducción de la jornada laboral y las remuneraciones al interior de la DPE, un grupo personas servidoras y trabajadoras presentaron una carta abierta para entablar un diálogo fraterno y llegar a formulas de optimización del presupuesto institucional, sin afectar derechos laborales del personal de la Defensoría del Pueblo, sin que la misma tenga efecto alguno.

Por las razones expuestas, se impulsó con mayor fuerza la creación de la Asociación de serviores/as y de trabajadores/as de la Defensoría Del Pueblo con la finalidad de defender los derechos laborales que les asisten. Como resultado de haber ejercido el derecho, a la libre asociación, libertad de expresión y libertad de pensamiento, Freddy Carrión empezó a perseguir a quienes promovieron la creación de dicha Asociación,  evidenciándose un abuso de poder.

La incoherencia es total ,dijo el defensor legal,  ya que a finales de abril pasado -en medio de la pandemia del covid-19 que afecta al Ecuador y el mundo-, se puso en funcionamiento la “nueva estructura institucional”, donde se pusieron en marcha los llamados mecanismos defensoriales, llenando varios puestos del nivel jerárquico superior, que, sin duda alguna, aumentaron de manera desproporcionada la masa salarial de la Defensoría del Pueblo, cuando la ley preveía una implementación gradual de los mecanismos.

Acciones de la máxima autoridad de la DPE, que sin duda se contraponen a su discurso mediático de protección y tutela de la clase trabajadora del país, ante la reducción de la jornada laboral (y sueldos de los/as trabajadores/as) y la supresión de sus partidas en el sector público, pues el titular de la Defensoría del Pueblo, no tiene problema alguno en aplicar esas formulas casa adentro, afectando los derechos humanos de su personal de nombramiento.

Servidoras y servidores públicos de las Delegaciones de Azuay, interponen una Garantía Jurisdiccional contra el titular de la Defensoría del Pueblo, a través su Ab. Defensor Diego Idrovo, quien llevará a cabo la defensa técnica de quienes se pretenden suprimir sus partidas, sin fundamentos de rigor funcional y técnico.

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