El pasado 15 de diciembre el Gobierno adjudicó la estructuración de la concesión del proyecto hidroeléctrico al sector privado. Tendrá una duración de entre 25 y 30 años. La hidroeléctrica opera desde hace 5 años y abastece el 10% de la energía del país. Le ahorra al país 200 millones de dólares en importación de energía.
Faltando cinco meses para irse del cargo, el presidente Lenin Moreno aceleró el proceso de privatización de la central hidroeléctrica Sopladora y adjudicó el contrato para la estructuración financiera de su concesión a BNP Paribas, según confirmó el asesor gubernamental, Marco Macías, denunciado por el asambleísta azuayo Juan Cristóbal Lloret en su cuenta de Twitter.
“Estamos buscando la opción de que sin que se pierda el dominio, es decir, la tenencia del activo será siempre del Estado ecuatoriano, logremos pasar la operación y el mantenimiento al sector privado”, expresa el asesor en la denuncia del legislador azuayo.
#URGENTE | $400.000 de comisión por la adjudicación del contrato y adicional otra comisión del 0.355% con un mínimo de 3.5MM por la monetización del activo. Pedimos la comparecencia urgente del Ministro de Energía a la @AsambleaEcuador. @RecNaturalesEC pic.twitter.com/QpG8rlJFtU
— Jota Lloret (@jotalloretv) December 23, 2020
Según Macías, BNP Paribas, una banca de inversiones de Francia, participó en un “concurso perfectamente transparente, hemos logrado esta adjudicación, esperamos tener la valoración en pocas semanas y ojalá durante la administración del presidente Moreno logremos también ya pasar esto al sector privado”.
En noviembre de 2019 el ministro de Energía, José Augusto, confirmó que el proyecto hidroeléctrico Sopladora era uno de los activos identificados para la monetización (privatización) que el gobierno tenía previsto en 2020. Lo dijo en su comparecencia en la Comisión del Desarrollo Económico.
En la ocasión señaló que para determinar algunos detalles, como el valor real del proyecto se debía contratar una firma estructuradora, aunque señaló que el costo de construcción de la hidroeléctrica fue de 963 millones de dólares. La empresa se encargaría de presentar un análisis técnico, jurídico, financiero y legal que permita avanzar con otros pasos, como el acercamiento con interesados en la concesión.
En esa misma perspectiva privatizadora estaban el Banco del Pacífico, por unos 800 millones de dólares y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), por alrededor de 400 millones de dólares.
Para Lloret, lo lesivo de este proceso no solo está en la enajenación de un bien que le rinde muy buenas utilidades al país sino inclusive en las comisiones por la firma del contrato de la firma estructuradora, que se acerca a los 4 millones de dólares, en ese sentido pidió la comparecencia urgente del ministro de Energía a la Asamblea.
Un afán desmedido
Similar alerta la efectuó el asambleísta azuayo Esteban Albornoz, en entrevista en la estación radial, La Voz del Tomebamba, la mañana de este miércoles 23 de diciembre.
Según el legislador, el gobierno trata de captar por la concesión de la central en operación más o menos 900 millones de dólares; el nuevo dueño debería producir cerca de 120 millones de dólares de ingresos al año, por el cobro de las tarifas, 3 mil millones de dólares en 25 años. Pero Sopladora le da utilidades al país en cerca de 200 millones de dólares al año, 5.000 mil millones de dólares en 25 años.
Operar Sopladora le cuesta al Estado cerca de 10 millones de dólares al año, esa misma operación el inversionista privado lo hará por cerca de 120 millones de dólares, las víctimas en la equiparación de los costos serán los usuarios a través de la tarifa, sostuvo Albornoz.
“Concesionar o monetizar una hidroeléctrica en estos momentos es muy grave”, enfatizó el asambleísta Esteban Albornoz, ex ministro de Energía, quien expuso su preocupación por la posible concesión de la hidroeléctrica Sopladora. pic.twitter.com/JCiiIdpmXA
— La Voz del Tomebamba (@tomebamba) December 23, 2020
Sin menoscabar la capacidad del sector privado, el asambleísta criticó la direccionalidad y el facilitismo que se les otorga. Por qué no se concesiona al sector privado por ejemplo la construcción del proyecto Cardenillo y otras centrales y que ellos asuman los riesgos, cuestionó.
Además denunció que el sector eléctrico está descuidado, el 25% de las centrales de generación “están indisponibles por falta de mantenimiento” lo que inclusive ha obligado la importación de energía desde Colombia. El Ministerio de Finanzas, con Richard Martínez a la cabeza retiró al sector eléctrtico CNEL y CELEC, 1.100 millones de dólares y con ello se genera el malestar en los usuarios y el desprestigio del sector.
Si algo de sensatez le quedara al régimen actual, y por delicadeza con el nuevo gobierno que está por elegirse, Moreno debería desistir de este proceso y dejar la responsabilidad a las nuevas autoridades, subrayó el asambleísta.
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