Legislador de Ecuador pide allanar a empresas por supuesta financiación ilegal de plebiscito

 

Un legislador ecuatoriano pidió a La Fiscalía General de Ecuador allanar una docena de empresas públicas involucradas en un supuesto financiamiento ilegal de la campaña electoral del plebiscito realizado en febrero de 2018.

“He solicitado que se tomen medidas como el allanamiento de las empresas públicas Flopec (Flota Petrolera Ecuatoriana), Casa para Todos, Cear (Centros de Entrenamiento para Alto Rendimiento), Enami (Empresa Nacional Minera), Ecuador Estratégico”, dijo Fabricio Villamar, parlamentario del movimiento político Ahora (centro), tras presentar el pedido en la Fiscalía General de Ecuador.

Según publicó el medio digital Sputnik, el legislador también pidió que se allanen las empresas Astinave (Astilleros Navales), Petroecuador (Empresa Pública de Hidrocarburos), Petroeamanazonas, Fabrec (Fabricamos Ecuador), Emco (Empresa Coordinadora de Empresas Públicas), Secob (Servicio de Contratación de Obras) y Correos del Ecuador.

Villamat también pidió que la Fiscalía prohíba abandonar el país a Jorge Wated, extitular del Secob y recientemente nombrado presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

El denunciante pidió igual medida en contra de Gustavo Baroja, actual secretario ejecutivo del oficialista partido Alianza País, quien desempeñó el cargo de prefecto de la Provincia Pichincha (cuya capital es Quito) hasta mayo de 2019.

El 14 de junio, una publicación del portal La Posta Ec vinculó a varias empresas públicas en la entrega de alrededor de 5 millones de dólares (en especie y en efectivo) para financiar la campaña en favor del “Sí” impulsada por el Gobierno de Lenín Moreno, en el plebiscito realizado en Ecuador el 4 de febrero de 2018.

En ese plebiscito, promovido por el Ejecutivo, entre otras cosas, se consultó a los ecuatorianos sobre la eliminación de la reelección indefinida que había sido aprobada en 2015 durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017), por la mayoría oficialista.

Según el abogado Felipe Rodríguez, patrocinador del denunciante, de comprobarse el financiamiento de esa campaña política con fondos públicos configuraría un posible delito de peculado.

A través de su cuenta de la red social Twitter, el mandatario ecuatoriano anunció que pedirá una investigación de las empresas públicas mencionadas en la publicación.

En las 7 preguntas que se plantearon a los ecuatorianos en el plebiscito del 4 de febrero de 2018 se impuso el “Sí” impulsado por el Ejecutivo.

Los resultados del plebiscito, entre otras cosas, dieron lugar a la conformación de un Consejo de Participación Ciudadana que nombró a los actuales titulares de la Fiscalía General de Ecuador, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, vocales del Consejo Nacional Electoral, de la Corte Constitucional y del Consejo de la Judicatura.

Además, se eliminó la reelección indefinida de autoridades y se inhabilitó políticamente a personas condenadas por corrupción.

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