La minería ilegal cobra otra víctima mortal en Molleturo

Raúl Bermeo exige que el asesinato de su hija Alba Katerine no quede en la impunidad.

Al parecer la rivalidad entre grupos de mineros ilegales ocasionó el asesinato de una joven madre, activista contra la minería metálica, y política, Alba Katerine Bermeo Puin, quien la madrugada del sábado recibió un disparo de arma de fuego en el tórax, en el sector de San Pedro de Yumate, parroquia Molleturo.

De acuerdo al relato de su padre Raúl, la víctima, de 24 años de edad, candidata a vocal de la Junta Parroquial de Molleturo y que se encontraba en el quinto mes de embarazo, regresaba de Guayaquil a bordo de una grúa adquirida por su padre y conducida esa madrugada por su hermano. Más temprano habían trasladado un vehículo hacia esa ciudad.

En el trayecto Guayaquil-Molleturo la grúa fue interceptada por desconocidos a bordo de otro vehículo que  pidieron que les ayuden remolcando un camión cargado con rocas extraídas de la mina de oro de Río Blanco. Los hermanos se negaron a ello y  kilómetros más adelante fueron interceptados por desconocidos que dispararon contra la grúa, hiriendo mortalmente a la joven política de Unidad Popular.

Al llegar los paramédicos al sitio, solo comprobaron que la víctima se encontraba sin signos vitales. La Fiscalía del Azuay abrió una investigación para procurar encontrar a los responsables del crimen.

Sebastián Cevallos, miembro de Unidad Popular, se solidarizó con la familia de Alba Katerine y pidió a la Fiscalía una investigación firme para que “este vil asesinato no quede en la impunidad”.

Recordó que en el último mes tres defensores del agua “han fallecido a manos de los mineros ilegales y las bandas que operan en Molleturo”.

Lamentó que en la zona no haya ningún tipo de control por parte del gobernador Matías Abad y el presidente Guillermo Lasso; denunció que el Estado no cumple la sentencia de la Corte Provincial de Justicia del Azuay que ordenó cerrar la mina, y como ello no ocurre, los mineros ilegales están sembrando el terror con la proliferación de armas y hechos de violencia.

Además, al ser la hoy fallecida candidata a integrante del Gobierno Parroquial, debía tener protección no solamente del Estado sino de todos los estándares internacionales que protegen a los candidatos, esta muerte es muy grave para el Estado que debe responder por ello, enfatizó Cevallos.

“Le conminamos al presidente Lasso a defender a la comunidad de Molleturo, a los defensores del agua, a la gente a la que le están matando para hacer minería ilegal”, recalcó el político.

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