La delincuencia, el narcotráfico no se resuelven echando mano del ‘populismo penal’

Lo que se requiere es de una fuerte voluntad política para declararle al Estado ecuatoriano “en emergencia” y pedir la cooperación internacional para luchar y erradicar a los cárteles que se han tomado el país.

Resulta muy preocupante observar cómo frente al crecimiento actual de los niveles delincuenciales, el poder político, lejos de atacar los reales problemas de fondo, echa mano del “peligrosismo”, del “populismo penal” y a pretexto de convertirse en el defensor de la ciudadanía se coloca en el extremo de atentar contra los derechos humanos, contra las garantías individuales y colectivas, expresó el ex juez de lo Penal y experto abogado penalista, Miguel Antonio Arias.

Este criterio lo emitió la mañana de este jueves 27 de enero al ser entrevistado por Radio Cómplice respecto al proyecto de Ley de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública entregado recientemente por el presidente Guillermo Lasso a la Asamblea Nacional.

Cierto que al Estado le corresponde defender la seguridad, la vida de todos sus habitantes, pero no en base a un “populismo penal” que violente los derechos a pretexto de imponer una ley que supuestamente regula el uso progresivo de la fuerza, recalcó el especialista penal.

Señaló que esa ley ya existe desde 1990 cuando Ecuador suscribió en La Habana, Cuba, un convenio internacional, en el marco del Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, que determina cuál será el uso progresivo de la fuerza en la lucha antidelincuencial. La Constitución señala que todos los convenios y tratados internacionales suscritos por el Estado ecuatoriano son de directa e inmediata aplicación.

En ese convenio se reconoce que los agentes policiales, que enfrentan mucho riesgo en su delicada misión de proteger la seguridad física y la vida de las personas, pueden utilizar el arma de fuego, como mecanismo de legítima defensa, solamente en situaciones extremas, cuando está en peligro su vida o la de las personas que son víctimas de los ataques delictivos.

Pero ese no es el caso del policía Santiago Olmedo que en junio de 2021, en la ciudad de Riobamba, disparó por la espalda a dos presuntos delincuentes que huían en una moto luego de haber atacado a un menor de edad intentando robarle un teléfono celular.

Ese momento los abatidos ya no constituían peligro para la vida del menor ni del agente policial que bien pudo disparar contra las llantas de la moto o las piernas de quienes huían. Entonces en el caso del policía Santiago Olmedo “hay una ejecución extrajudicial”, aunque la “pena de muerte” está prohibida en el país, subrayó Arias.

Para el penalista, este tema en particular, así como el auge delictivo, el crimen organizado, el micro tráfico de drogas, el narcotráfico, no pueden, no deben ser sacados de contexto, como intenta hacerlo el presidente Guillermo Lasso, para alimentar un “populismo penal” que bien puede derivar en otro tipo de violencia, en exagerados niveles de represión contra las protestas sociales, contra el derecho a la resistencia.

Además hay que reconocer que por ejemplo el narcotráfico ha infiltrado a las altas esferas del poder político, a instituciones como la Policía o las Fuerzas Armadas, al punto de que sean las autoridades estadounidenses las que hayan hablado de los “narcogenerales”, dijo.

Añadió que, de otra parte, el sistema penitenciario está convertido en bodegas humanas, sin que nadie haga algo por una rehabilitación real, mientras que la pesada y lenta maquinaria judicial mantiene en las cárceles a numerosos presos sin sentencia, inocentes.

Entonces “el problema no está en la delincuencia como tal, el problema está en la estructura que genera esta situación” por ende al Estado de nada le sirve que se ponga más policías y militares en las calles, que se incrementen las penas, que se dicten más leyes, porque sencillamente el narcotráfico se encuentra enrizado en el Estado.

De esta suerte lo que se requiere es de una fuerte voluntad política para declararle al Estado ecuatoriano “en emergencia” y pedir la cooperación internacional para luchar y erradicar a los cárteles que se han tomado el país.

Se requiere de una decidida voluntad política para mejorar las condiciones económicas de millones de ecuatorianos, para crear fuentes de trabajo en condiciones de dignidad, para reducir los niveles de migración; en suma, para mejorar la situación social de los diferentes sectores poblacionales, resumió el experto.