La corrupción danza a sus anchas y el poder mira a otro lado

Circula en las redes

Desde el año 2018 hasta el primer semestre de 2022 casi 2.000 policías en servicio activo fueron hallados culpables de cometer los más inhumanos crímenes en Ecuador, mandaron a matar a sus propios hijos por no pagar el juicio de alimentos, sacaron los ojos a los manifestantes, son jefes de bandas de asaltantes y narcotraficantes, sin contar con los 18 «narcogenerales» acusados por la Embajada estadounidense.

En este contexto causa escalofrío e indignación el cinismo del ministro Patricio Carrillo minimizando el más reciente escándalo de feminicidio dentro de las altas esferas policiales y calificando este crimen como “acto irracional pero humano”.

Carillo se va de vacaciones a New York donde le espera María Paula Romo para el festejo porque Guillermo Lasso será el padrino de bodas de su hija.

Allí está la cúpula del país festejando que el abogado de los hermanos Isaías, Ricardo Noboa, que además también es abogado de Lasso, haya ganado el juicio a favor de sus defendidos, y el Estado deberá darles 2.000 millones de dólares después de que quebraron el país en el 99.

Y nosotros aquí indignados por la desfachatez con la que el Ejecutivo presentó la “consulta popular” como si ésta hubiese sido creada para solucionar los problemas tan graves que vive el país en medio del año más violento de nuestra historia, con casi 3.000 muertes violentas.

En materia de seguridad propone que las Fuerzas Armadas incrementen su participación en el control interno apoyando a la Policía que actualmente está sembrando el terror, sin embargo, esta disposición ya existe dentro de la Constitución de 2008.

Propone además reducir los asambleístas, cada uno de los cuales, con sus asesores, le cuesta al país 15.000 dólares mensuales, si son 21 asambleístas menos, se ahorra 3.8 millones de dólares, pero la consulta le cuesta al país 50 millones de dólares, así de absurda e inútil es la consulta popular, una mentira más de este gobierno.

De la misma forma, Guillermo Lasso habla de inversión extranjera, en realidad habla  de privatizar todos los bienes públicos del Estado para llevarlos a bolsillos de sus socios y amigos que pudieron comprobar lo rentables que fueron en el gobierno de Correa.

Indigna el tema de las gasolineras de Petroecuador compradas por Shell, empresa que salió del Ecuador en 2013 por irregularidades, y que regresó con el neoliberalismo.

Con el decreto emitido en enero, el presidente banquero dió inicio al robo legalizado cuando eliminó impuestos a la salida de divisas para importación de combustibles, creando el negocio redondo para grupos que hacen fiesta ante la corrupción que busca por todos los medios posibles Guillermo Lasso. La consulta popular es la llave para legalizar su saqueo.

Otro “ad honorem” se suma a la corrupción,  Carlos Cueva, un empresario farmacéutico propietario de la empresa Difare que maneja Farmacias Cruz Azul, Farmacias Comunitarias y Farmacias Pharmacys. Cueva hizo su gran negocio cuando el inexistente vicepresidente Borrero anunció que las farmacias privadas reemplazarán a las farmacias de hospitales públicos, por ese motivo no existen medicinas e insumos médicos en los hospitales.

Carlos Cueva, exconsejero ad honorem, es el principal beneficiario de la carestía de medicamentos en todo el país con el plan de externalización de farmacias del Ministerio de Salud Pública, promovido por el gobierno del «encuentro», junto al vicepresidente.

No hay que  olvidar los motivos por los cuales Lasso buscó  llegar a la Presidencia, sus prioridades siempre fueron eliminar el impuesto a las herencias, pagar y seguir las órdenes que impone el FMI; eliminar el Código Laboral, vender el Banco del Pacífico, privatizar el IESS y su banco el BIESS, subir los combustibles y echar la culpa a Correa de todo lo que está haciendo su gobierno.

Ninguna consulta popular o elecciones pueden ser transparentes cuando el CNE está en manos del “Gobierno del Encuentro» entre mafiosos involucrados en la política.

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