La consulta popular no soluciona nada, más bien oculta intereses obscuros del actual gobierno

Por donde se la vea, la consulta popular está diseñada para engañar a los votantes y legitimar los intereses económicos del actual gobierno sustentado en los poderes financieros y orientado a destruir la institucionalidad pública en beneficio de las privatizaciones. Este es el pronunciamiento de la Oficina Servicios Legales en torno a la consulta impulsada por el presidente Guillermo Lasso.

De acuerdo a Miguel Antonio Arias, exjuez de lo penal y experto penalista, el problema radica en que el poder político pretende resolver los problemas más graves de la sociedad a través de leyes parche que no causan el menor efecto.

Recordó que años atrás, cuando naufragó una embarcación con centenares de ecuatorianos, cambiaron el tipo penal de estafa por el de tráfico ilegal de migrantes y aumentaron las penas, ¿disminuyó el coyoterismo con estos cambios? No.

Ahora se determina que el microtráfico de drogas es el responsable de la creciente ola de inseguridad para lo cual inclusive se ha establecido una tabla con mínimos de tenencia de estas sustancias, para los adictos, pero sin ningún estudio. No se ha eliminado el microtráfico.

Hace algunos años la lucha de las mujeres logró la imposición del femicidio como delito extremo, e igual se incrementaron las penas, pero este tipo de homicidios tampoco ha disminuido.

Extraditar a unos pocos ecuatorianos a otros países menos va a solucionar nada, más bien será una demostración más de la pérdida de la soberanía y el sometimiento a poderes externos.

Esto demuestra que las soluciones no están en las leyes sino en rigurosos procesos de tipificación que consideren todas las aristas del problema a intervenirse, como por ejemplo el caso de los delitos cibernéticos que tienen un tratamiento integral a través del Derecho Penal.

El poder político no puede aprovechar de las situaciones de emergencia para fines obscuros. El Código Integral Penal (COIP) sanciona la extorsión, pero con la consulta quieren crear un tipo penal específico para sancionar las denominadas “vacunas”; las masacres carcelarias se pretende combatir a través de otro tipo penal, el “terrorismo penitenciario”, otra barbaridad.

La Constitución permite en determinados momentos la intervención de las Fuerzas Armadas en el control delincuencial, inclusive en los perímetros externos de las cárceles, pero siguen ingresando las armas.

Entonces hay que atacar de raíz la estructura que ocasiona la inseguridad: los cárteles del narcotráfico que han infiltrado todos los niveles del poder político, instituciones de la seguridad y demás organismos del Estado y de la sociedad civil, hoy ya se habla de candidatos vinculados a estos cárteles, dispuestos a fortalecer un Estado paralelo, sostuvo el especialista.

De esta manera, más allá de estar a favor o en contra de un régimen político, es necesario sentarse a debatir sobre qué es lo que se tiene que hacer para estructurar un sistema penal diferente, que esté vinculado con la rehabilitación y facilite el control al poder político para sancionar a los delincuentes de cuello blanco, enfatizo.

No es una consulta limpia

Para el experto en Derecho Constitucional, Ángel Cartuche, varias de las preguntas ya tienen precedentes constitucionales o constan en las normas de la carta esencial del Estado y entonces no tiene sentido repetirlas.

Es el caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) sobre el que ya se pronunció la Corte Constitucional y luego operaron las enmiendas en el año 2015.

Así, si el gobierno quería favorecer con la consulta a la mayoría de sectores sociales, debió haber preguntado sobre los mecanismos para sacar al país de la crisis económica, de la pobreza que lo corroe.

Pero lamentablemente no es una consulta limpia, transparente, sino un mecanismo por el que el presidente Guillermo Lasso pretende encubrir y legitimar su falta de gobernabilidad visibilizada especialmente en los crecientes niveles de violencia y pobreza.

Se pretende sacar a los militares para controlar los territorios indígenas acosados por las grandes transnacionales mineras, sostuvo el jurista y líder indígena.