Juez nacional ordena prisión preventiva contra exsuperintendente de Comunicación

Carlos Ochoa en una de sus intervenciones públicas. (Foto Internet).

Carlos Ochoa en una de sus intervenciones públicas. (Foto Internet).

Por pedido de la fiscal general encargada, Ruth Palacios, el juez nacional Marco Antonio Rodríguez ordenó este jueves 24 de enero la prisión preventiva del exsuperintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, por el delito de falsificación y uso doloso de documento, además prohibió la enajenación de bienes por un monto de 86.240 dólares y abrió la instrucción fiscal por 30 días.

Tras el dictamen se emitirá la difusión roja toda vez que  el exfuncionario salió en agosto pasado a Colombia y no hay registro de su regreso al país, según informes de Migración.

Rodríguez acogió el pedido de la fiscal Palacios y de la Procuraduría General del Estado, durante la audiencia de formulación de cargos que se realizó este jueves en la Corte Nacional de Justicia.

De acuerdo al diario público El Telégrafo, en la diligencia la fiscal encargada expuso 14 elementos de convicción para señalar la responsabilidad de Ochoa en el delito citado.

Ochoa es indagado por la impresión de 300.000 textos de bolsillo de la Ley Orgánica de Comunicación, con una parte del texto cambiado.

El abogado del acusado, Luis Chimborazo, presentó como prueba de arraigo de su defendido un certificado de propiedad de un vehículo, pero no precisó el valor.  De esta forma aseguró que el exfuncionario no tiene propiedades.

El presunto delito se habría cometido por un cambio en el segundo inciso de la transitoria sexta de la norma, con la cual se sancionó a 11 radioemisoras. Con ese documento alterado se “habría aplicado progresivamente sanciones que no constaban en la ley”, señaló la Fiscalía el 17 de enero en su pedido al juez para que convoque a la audiencia.

El texto original señala: “La misma gradualidad se aplicará para la difusión de contenidos musicales que establece el artículo 102, en el plazo de tres años a partir de la entrada en vigor de esta ley…”. Pero en los textos de bolsillo se cita el artículo 103 (que trata sobre la difusión progresiva de contenidos musicales) en lugar del 102 que se refiere al fomento de la producción nacional independiente.

El proceso se encontraba en investigación previa desde 2016, tras la denuncia presentada el 1 de agosto de ese año por el Colegio de Abogados de Pichincha y Fundamedios.

Según cita El Telégrafo, el presidente encargado del Colegio de Abogados de Pichincha, Ángel Orna, saludó la decisión y demandó de la Corte Nacional de Justicia el inicio del proceso de extradición de Ochoa

 

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