Sectores observan con cautela suspensión de actividades mineras en Río Blancio

Manuel Muevecela Peñaloza, secretario del Comité de Desarrollo Comunitario de Cochapamba, reclama que los derechos de las comunidades al trabajo.

Manuel Muevecela Peñaloza, secretario del Comité de Desarrollo Comunitario de Cochapamba, reclama que los derechos de las comunidades al trabajo.

El presidente del Consejo de la Judicatura en el Azuay, Mateo Ríos, observó con cautela la evolución que pudiera tener la resolución del juez Oswaldo Paúl Serrano, suspendiendo las actividades en el proyecto minero Río Blanco, en las parroquias Molleturo y Chaucha.

Lo que hizo el juez es pronunciarse en derecho sobre el tema de la consulta previa cuya inobservancia habría afectado los derechos colectivos de varios sectores.  En esa misma línea al parecer se espera la apelación por parte de la empresa minera y de sectores que han mirado con agrado su presencia en Río Blanco, expresó.

Respecto al pedido de retiro inmediato de las fuerzas de seguridad, el funcionario recordó que la intervención de la Policía y las Fuerzas Armadas se dio para precautelar la seguridad de las personas al interior y fuera del campamento de Río Blanco.

En ese sentido, dijo, el gobernador Xavier Enderica con toda razón ha reiterado sus preocupaciones por la seguridad pues al interior del campamento hay materiales explosivos, conociéndose por versiones del ejecutivo provincial que parte de esos materiales peligrosos se extraviaron al momento de los intentos de toma de las instalaciones.

Entonces hay que procurar el retiro paulatino de las fuerzas de seguridad a fin de que los diferentes sectores comunitarios vuelvan a retomar sus actividades normales.

Pero mientras esta situación no se garantice es preciso contar aún con los uniformados en el resguardo de las instalaciones.

La minería metálica que se impulsa con el apoyo gubernamental ha ocasionado posiciones radicales entre los opositores y quienes ven en la minería responsable importantes opciones de desarrollo económico y social.

Los primeros pregonan la expulsión inmediata y definitiva de las empresas que ejecutan los diferentes proyectos en el país; los segundos ven con decepción que podía esfumarse una gran posibilidad para el país.

Es el caso de Manuel Muevecela Peñaloza, secretario del Comité de Desarrollo Comunitario de Cochapamba, reclamó que los derechos de las comunidades en la influencia directa del proyecto sean tomados en cuenta.

Queremos que se respete y proteja nuestro derecho al trabajo, a la libre movilidad, por más de 25 días hemos estado incomunicados por un pequeño grupo de opositores, eso no es justo, dijo a nombre de las comunidades de Zhin Alto, Río Blanco, Yumate y Cochapamba.

Precisó que hay más de 200 familias que prestan sus servicios a la empresa minera que serían afectadas si es que se logra detener el proyecto y si lo hacen van a parar toda la minería en el país.

Pero detrás de esto está la minería ilegal, artesanal, y si eso se permite la destrucción de la naturaleza va a ser incontrolable, predijo.

Subrayó que no respaldan a ninguna empresa en específico, sino que los proyectos se desarrollen bajo la normativa ambiental vigente y en el marco de las leyes y reglamentos mineros. El asunto no debe convertirse en un botín político.

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