¿Guerra a la delincuencia?

Miguel Antonio Arias

El presidente constitucional de la República, Lenin Moreno, cual sempiterno Júpiter tronante, ha tomado la decisión de que los militares se sumen a la “lucha anti delincuencial” y patrullen las calles de las ciudades, bajo el argumento de que:

“A partir de hoy decimos basta al temor a caminar con miedos por las calles y de vivir con miedo dentro de nuestros hogares”. Y al mismo tiempo, “sin que ello signifique injerencia en la justicia”, hizo un llamado a los operadores de justicia para que no liberen a los detenidos sospechosos de delitos.

Para los oídos ciudadanos, puros y simples, víctimas de la delincuencia de bagatela, esa decisión presidencial es música celestial, porque al fin alguien se atreve a enfrentar a “los jueces corruptos”, que ponen en libertad a los delincuentes. Sin embargo, bueno sería recordarle al excelentísimo señor Presidente de la República que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y de justicia, como lo consagra el Art. 1 de la Constitución de la República, en el que el más alto deber del Estado consiste en respetar los derechos fundamentales que consagra la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos.

En este Estado constitucional, el poder punitivo del Estado tiene límites conocidos como normas del debido proceso que todo Estado democrático está llamado a respetar, como única garantía de un juicio justo. Entre esas normas del debido proceso que consagra el Art. 76 de la Carta Suprema está el principio de presunción de inocencia, que señala: “Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada.” Este principio básico está siendo vulnerado bajo el pretexto de que los jueces corruptos liberan a los delincuentes dejando sin efecto el “sacrificado” trabajo policial.

Este discurso político dirigido y orquestado por el primer mandatario y coincidente con la propuesta socialcristiana de la burgomaestre Cynthia Viteri, se encasilla en el debate del “populismo penal”, que denota las medidas represivas alimentadas por la demagogia de la inseguridad y el miedo. El miedo al otro ha sido siempre un recurso del poder político que puede producirlo él mismo, como en los regímenes abiertamente autoritarios, o servirse de él secundándolo o alimentándolo con objeto de obtener consenso y legitimación.

Señor presidente Lenin Moreno, el fenómeno delincuencial no se elimina llenando las  calles de militares y policías. ¡No, señor presidente! El fenómeno delincuencial se combate con justicia social, con igualdad de oportunidades, con acceso al trabajo, a la educación, a la salud, a la vivienda, etc. La guerra suya está equivocada de objetivo. Usted ofreció una guerra sin cuartel a la corrupción y sin embargo nada de ello se ha evidenciado. La delincuencia que usted pretende erradicar es aquella de bagatela. Pero la otra delincuencia, la causada con los contratos ilegales, con los sobreprecios, con financiamiento de campañas, esa que destruye la paz social de los Estados sigue impune y gobernando.

No debe olvidar señor presidente que el Art. 3 del Código Orgánico Integral Penal garantiza el principio de mínima intervención penal, mediante el cual, “la intervención penal está legitimada siempre y cuando sea estrictamente necesaria para la protección de las personas. Constituye el último recurso, cuando no son suficientes los mecanismos extrapenales.” No pretenda ignorar estos principios básicos que rigen el debido proceso penal. Usted como primer mandatario está obligado a respetar el ordenamiento jurídico. Y parte de ese ordenamiento jurídico le obliga al Estado a buscar la rehabilitación de aquellas personas que han quebrantado la norma, no a buscar su exclusión y su eliminación como ocurre ahora en los llamados centros de rehabilitación social.

Parte del sometimiento al ordenamiento jurídico implica también, señor presidente, respeto a la independencia de los jueces. Si hay jueces corruptos, elimínelos del sistema de justicia, mediante los mecanismos previstos para ello, pero no denigre ni fomente el irrespeto a un sistema que requiere la confianza de los ciudadanos, permitiendo que se imponga una justicia de carácter policial.

El derecho penal debe ser la única respuesta a la necesidad de tutela de derechos. Por ello es tarea de los jueces, no puede estar en manos de aparatos represivos ni mucho menos de políticos que se aprovechan de la inseguridad ciudadana para vender su imagen al mejor elector.

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