Tras el reacercamiento del presidente Lenin Moreno al Fondo Monetario Internacional (FMI), el 11 de marzo del presente año el ente financiero aprobó una línea de crédito para Ecuador por 4.200 millones de dólares. El 21 de marzo el Gobierno difundió unos pocos detalles de la Carta de Intención contenidos en 6 ejes: restaurar la prudencia en la política fiscal; fortalecer el marco institucional del Banco Central; reforzar el sistema financiero; apoyar la creación de empleo; protección a los sectores vulnerables; y, promover el buen gobierno.
Para la generalidad de quienes vivieron las consecuencias de la “luna de miel” con el FMI desde 1983 hasta el 2003, la tormenta se aproximaba, en efecto, el nuevo “romance” pronto se convertiría en una horrible pesadilla.
El 27 de septiembre el vicepresidente Otto Sonenholzner, en un intento de allanar el terreno pidió “comprensión” ante las medidas que anunciaría el presidente y se fue a cumplir gestiones en Estados Unidos. La noche del martes 1 de octubre Lenin Moreno anunció el contenido del “paquetazo” y encendió la mecha de la explosión social.
Servicios policiales como el del GOE, del que tanto la ciudadanía cuencana reclamó la presencia en los momentos de inseguridad, esta vez sí apareció con todos sus pertrechos.
El resto es de dominio público pero no por los canales y espacios de los grande medios de información tradicionales que en todo momento intentaron esconder la realidad, en un evidente alineamiento con el oficialismo, sino a través de las redes sociales y sobre todo por intermedio de los medios de comunicación alternativos que se internaron en los núcleos del conflicto y difundieron en vivo la violenta represión desatada por las fuerzas de seguridad del Estado.
No se exceptuaron brotes de inusitada violencia como saqueos en la ciudad de Guayaquil, el incendio del edificio de la Contraloría y ataques al canal de televisión Teleamazonas y a diario El Comercio, en Quito, y otros hechos en varias ciudades del país, grandes banderas que enarboló el Gobierno para justificar la represión señalando que eran hechos orquestados hacia la desestabilización del régimen, esos actos deberían ser motivo de una seria y real investigación pues sobre ellos planean no pocas dudas de manipulación.
Pero en el fondo no quedó en duda la explosión social generalizada, familias enteras se volcaron a las calles de las ciudades y núcleos poblados de todo el país, todas las carreteras se bloquearon con el paro nacional aislando a las ciudades, todo ello más allá de los membretes partidistas, sindicales y organizacionales, la protesta se potenció en una sola voz, la derogatoria del Decreto 883 que incrementó en porcentajes agresivos los precios de los combustibles.
Muchos ciudadanos, especialmente los jóvenes, pusieron en juego su integridad e inclusive la vida.
La reacción no podía esperar y las calles se llenaron de ira, de un grito ensordecedor que intentó ser apagado por el poder coercitivo del Estado, el decreto de emergencia, el toque de queda, la inundación del ambiente con toneladas de gases lacrimógenos, las detenciones, las amenazas del sector judicial; el resultado, 8 muertos, más de 600 heridos, entre ellos policías y militares, más de 1.000 detenidos según cifras de la Defensoría del Pueblo y otras fuentes; 2.300 millones de dólares en pérdidas según fuentes empresariales.
Fue el momento de la comunicación popular, del periodismo ciudadano, de la comunicación alternativa que transmitieron en directo los acontecimientos, hecho que debe llevar a los grandes medios a repensar muy seriamente en sus procesos de producción informativa. Protagonismo aparte cumplieron los medios y agencias internacionales difundiendo al mundo los hechos que el Gobierno intentaba ocultar o tergiversar sobre todo a través de los ministros de Gobierno y de Defensa, María Paula Romo y Oswaldo Jarrín.
Finalmente, un gobierno arrinconado por la protesta popular se vio obligado a dialogar con la dirigencia de la CONAIE, poderosa organización indígena ante la que la noche del domingo 13 de octubre dio marcha atrás derogando el “paquetazo”. La decisión detonó la explosión de júbilo en todo el país, se podría recobrar la paz y retornar poco a poco a la normalidad.
Ahora es el momento de la reunificación del país, de la recomposición del tejido social, aunque al parecer desde el oficialismo se busca el mínimo resquicio para criminalizar la protesta social, la resistencia, y por ejemplo desde el Ministerio de Gobierno y desde la Fiscalía se impulsan investigaciones contra la dirigencia de la CONAIE, líderes sociales, periodistas y otros actores que participaron en las movilizaciones, en un aparente afán de revancha.
Que los hechos vandálicos y delictivos se investiguen en forma real y se sancione a los responsables, provengan de donde provengan, sin el menor atisbo de discriminación; que los organismos de justicia ejerzan un trabajo altamente profesional e independiente, que no se dediquen a una “cacería de brujas”.
Pero por sobre todo que el Gobierno piense realmente en los 12 millones de ecuatorianos, no solamente en el pequeño grupo al que beneficiaban las medidas, dentro del cual el sector del transporte que dejó de ser pueblo inmediatamente luego de que el régimen aprobó el incremento de los pasajes y fletes.
La tormenta no ha pasado, el FMI sigue exigiendo las medidas y el presidente anunció recientemente que “viene un huracán pero está listo”. ¿Para qué?
La raíz del conflicto está identificada, al Gobierno le corresponde su parte.
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