Gobierno de Moreno intenta refugiarse en las Fuerzas Armadas

Una de las múltiples ilustraciones que inunda las redes sociales en Ecuador. (Twitter Vientos del Pueblo)

 

“Mientras todos nos reíamos de Lenin (Moreno), (Oswaldo) Jarrín envía decreto que permite que las fuerzas armadas usen armas letales en protestas. Quieren hacer una verdadera masacre!!!!”, escribió Kleiner Zambano, en su cuenta te Twitter, en relación al Acuerdo Ministerial 179, suscrito por el ministro de Defensa, que autoriza a los militares el uso de las armas contra las protestas públicas.

El controversial acuerdo enviado al Registro Oficial el pasado miércoles empieza a generar el rechazo generalizado por parte de los diferentes sectores ciudadanos que observan en ese instrumento, calificado ya de atentatorio a la Constitución, el intento desesperado del gobierno de Lenin Moreno por blindar su poder en la fuerza de las armas.

De acuerdo a Eduardo Franco Loor, catedrático universitario y coordinador general de la Coalición Nacional por la Patria, la orden del ministro Jarrín no solo viola la Constitución en su Art.158 sino que transgrede los tratados internacionales de Derechos Humanos.

https://twitter.com/EduFrancoLoor/status/1266153177000411146

Dicho artículo señala que las Fuerzas Armadas y la Policía son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. “El uso progresivo de la fuerza no es licencia para matar. En Ecuador no hay pena de muerte”, subrayó el jurista.

Aclaró además que el Acuerdo Ministerial no debe acatarse por inferioridad jerárquica normativa como señala el Art. 425 de la Constitución.

En este sentido, el catedrático universitario enfatizó que el general Jarrín deberá ser denunciado ante la Corte Penal Internacional pues “aquí se prepara un genocidio”. El reglamento se usará en las protestas contra las políticas privatizadoras y entreguistas de Moreno.

Prevenciones a tiempo

Un análisis publicado en la página en Facebook Ciudad de Cuenca sobre el mencionado Acuerdo Ministerial previene lo siguiente:

El Estado quiere asegurar jurídica y administrativamente la represión contra el pueblo.

El ejército se involucrará de manera directa e inmediata en las actividades de contención, neutralización o disolución de la protesta. Históricamente esa tarea ha recaído en la policía y sólo cuando esta es sobrepasada ingresan las Fuerzas Armadas; sin embargo, aquí se pretende una combinación de las dos instituciones represivas desde el inicio.

 

El uso progresivo de la fuerza establece cinco niveles: riesgo latente, resistencia pasiva, resistencia defensiva, resistencia agresiva y resistencia agresiva agravada. Esto se refiere a una escalada represiva que parte de la advertencia, pasa por la disuasión y la neutralización, para finalmente buscar la dispersión de las fuerzas populares a través del empleo de mecanismos no letales y letales. Es decir, si no te sometes a las advertencias y dejas de reclamar tus derechos, ellos utilizarían desde golpes y bombas hasta disparos. Hablan de “proporcionalidad” cuando es el Estado el que cuenta con el monopolio de las armas.

Se avala el uso de armas de fuego y munición letal por parte de las Fuerzas Armadas. Esto deja abierta la interpretación unilateral del Estado de lo que implicaría una “resistencia agresiva agravada” que permitirá directamente abrir fuego contra la población. Incluso es evidente que el viejo Estado introducirá provocadores para justificar la acción militar. Si en las Jornadas de Octubre utilizaron miles de perdigones, granadas con esquirlas, y bombas lacrimógenas disparadas al cuerpo de los manifestantes, esta vez pretenden dar bala y asesinar al pueblo impunemente.

 

El uso de la fuerza por parte del ejército se establece no solo en las manifestaciones, sino se extiende además a reuniones o “disturbios” buscando “prevenir” amenazas, dejando abierta la posibilidad de la irrupción militar cuando consideren necesario.

Señala que las Fuerzas Armadas utilizarán equipamiento anti motines, armas con munición letal y no letal, vehículos con y sin blindaje y “cualquier otro medio necesario”. Es decir el uso de toda la maquinaria represiva contra el pueblo.

Son tan descarados que en las disposiciones generales establecen que el militar que use armas de fuego contra quienes protestan recibirá atención psicológica para luego reintegrarse normalmente a sus actividades, contando con el respaldo absoluto del Estado y pretendiendo garantizar su impunidad.

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