Mediante una violenta represión de las fuerzas policiales, el gobierno del presidente Lenin Moreno intentó silenciar la fuerte movilización convocada para la tarde de este jueves 3 de octubre por parte del prefecto azuayo Yaku Pérez, las agremiaciones de transportistas, estudiantes, organizaciones sindicales, exigiendo la derogatoria de las medidas económicas, fundamentalmente la elevación del precio de los combustibles.
La protesta que se extendió hasta las horas de la noche, desafió el estado de excepción decretado por el primer mandatario a inicio de esta tarde y paralizó prácticamente la totalidad de las actividades del centro histórico de Cuenca.
Barricadas metálicas colocadas estratégicamente impidieron el acceso de la numerosa marcha al Parque Calderón y la Gobernación, mientras los piquetes policiales, a pie, en motocicletas, a caballo y en un moderno “trucutu” que emitía un ruido en muy alta frecuencia, lanzaron una gran cantidad de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, sin conseguirlo.
“Nosotros financiamos a la Policía pata que nos proteja, no para que nos persiga, para que nos maltrate”, expresó el prefecto Yaku Pérez al rechazar la violenta represión policial.
“Le decimos al presidente Moreno y a todos sus acólitos ¡no juegue con fuego, el pueblo se indigna más”, advirtió el prefecto azuayo, tras sostener que un estado de excepción debe ser para combatir a la corrupción, para mandar a la cárcel a los corruptos que saquean el país.
Varios dirigentes sociales lamentaron que el gobernador Xavier Martínez haya estrenado su titularidad con la dura represión de este día. En horas de la tarde se conoció que el presidente de la República aceptó la renuncia de Oswaldo Larriva y nombró oficialmente a Martínez como nuevo gobernador del Azuay.
En las primeras horas de la tarde el funcionario, hasta entonces jefe político, emitió un comunicado de agradecimiento al alcalde Pedro Palacios por ofrecerse como mediador de un posible diálogo entre los transportistas y el gobierno
Al cierre de las protestas se conoció de varios estudiantes y maestros detenidos, de los cuales el gobernador garantizó su integridad, aunque de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, éstos se hallaban incomunicados y habrían sufrido agresiones físicas.
De su parte el gobierno nacional ratificó la suspensión de clases en todos los establecimientos públicos y privados del país.
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