La fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, el comandante general de Policía, Patricio Carrillo, se reunieron en Guayaquil para coordinar la conformación de la unidad interagencial que apoyará a la fuerza de tarea conformada por fiscales y especialistas multidisciplinarios, que conocerán exclusivamente los casos de corrupción en el marco de la pandemia de Covid-19.
La fiscal Diana Salazar informó que la Policía dará su apoyo investigativo a las acciones y procesos iniciados por la Fiscalía General: “hemos recibido una respuesta positiva de parte del Ministerio de Gobierno y esperamos que este equipo de investigadores especializados pueda sumarse a la causa que ha iniciado Fiscalía”, dijo.
Agregó que se hará un seguimiento exhaustivo a estos casos que involucrarían a autoridades o funcionarios de prefecturas, municipios o instituciones del Estado a escala nacional, que gocen o no de fuero.
Los procesos “serán tratados por fiscales provinciales de diferentes territorios. Con ello evitaremos presiones políticas, de afinidad o parentesco. Todos los involucrados deberán ser procesados sin temor ni favor”, subrayó Salazar.
Por su parte, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, apoyó la conformación de esta unidad interagencial con agentes investigadores. “Hemos dado a conocer hoy otras denuncias que involucran, por ejemplo, al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), por compras de terrenos, que también será investigado por Fiscalía”, anunció.
Esta fuerza de tarea multidisciplinaria estará integrada por tres fiscales y sus equipos de apoyo de la Unidad Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, cinco de la Unidad de Lavado de Activos, cuatro fiscales provinciales, veinticuatro fiscales de apoyo, un coordinador de analistas, un experto en contratación pública, dos expertos en análisis financiero y una unidad especializada de la Policía Nacional, con agentes especializados de varias unidades de investigación.
Hasta ahora, la Fiscalía General del Estado tiene abiertos cuarenta y cinco casos por presuntos actos de corrupción en el marco de la emergencia sanitaria. De estos, uno tiene fuero de Corte Nacional en el que está involucrada la exdirectora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles. Otros cuatro casos mantendrían fuero de Corte Provincial y los cuarenta restantes, fuero ordinario.
Entre los delitos investigados constan: peculado, tráfico de influencias, cohecho, concusión, alteración de evidencias y elementos de prueba.
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