Fiscalía de Ecuador llama a líder indígena a declarar sobre su participación en protestas de octubre

Fuerte represión policial contra las manifestaciones en Cuenca. (Foto archivo).

 

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), Jaime Vargas, fue llamado a comparecer por la Fiscalía de la Nación en una investigación por los hechos ocurridos en octubre durante un paro de 12 días contra el Gobierno, publicó el diario digital Sputnik.

“Señálese para el día 29 de abril de 2020, a las 10:00, a fin de que el señor Jaime Froilán Vargas Vargas comparezca a este despacho y rinda su versión libre, voluntaria y sin juramento sobre los hechos que se investigan”, dijo la Fiscalía de Ecuador en la convocatoria.

También fue convocado, a la misma diligencia, el presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), Leonidas Iza, según dijo la CONAIE en un comunicado.

Ambos dirigentes son investigados por la Fiscalía de la Nación por actos violentos en las movilizaciones de los primeros días de octubre contra la eliminación de subsidios a los combustibles que había resuelto el Gobierno de Lenín Moreno.

Las movilizaciones de octubre pasado estuvieron acompañadas por la interrupción de carreteras, ocupación y quema de edificios públicos, saqueos en fábricas, plantaciones florícolas y almacenes en varias ciudades, secuestros y agresiones a policías y militares, escribe Sputnik.

El paro terminó con un acuerdo entre el Gobierno y el movimiento indígena, tras la decisión de Moreno de derogar el decreto que suprimió el subsidio a los combustibles.

Otras denuncias

El 14 de octubre, los dos dirigentes indígenas fueron denunciados por Marcelo Hallo, activista político y excandidato a la Prefectura de la provincia de Pichincha (norte), por supuesto delito de instigación a sabotaje y terrorismo.

Tres días después, el ex vicepresidente de Ecuador, Alberto Dahik (1992-1995) los denunció por el mismo delito.

La Fiscalía de la Nación también abrió otra indagación previa por el presunto delito de creación de grupos subversivos, luego de que el 19 de octubre Vargas habló ante sus bases en la ciudad de Macas (Amazonía) sobre la creación de un ejército propio y una “seguridad” indígena.

Contra Vargas también existen otras tres denuncias por supuestos delitos de odio, secuestro e instigación a sabotaje.

El delito de odio se refiere a las expresiones de Vargas refiriéndose al presidente en términos despectivos; la denuncia por secuestro tiene que ver con la retención, contra su voluntad, de varios policías y periodistas durante las protestas.

Persecución y venganza política

La CONAIE calificó al llamado de la Fiscalía como “un nuevo intento de persecución contra los líderes del movimiento indígena”, y aseguró que el Gobierno “quiere anteponer su venganza política y el sistema judicial persecutorio, en lugar de atender la emergencia y contener la propagación del coronavirus en Ecuador”.

Según la Defensoría del Pueblo, durante las protestas de octubre fallecieron 11 personas, hubo 1.192 aprehensiones y 1.340 heridos.

El pasado enero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Gobierno ecuatoriano a que investigue y sancione a los responsables de la violencia y del excesivo uso de fuerza durante las manifestaciones de octubre pasado

El pronunciamiento de la CIDH se refirió tanto a denuncias del uso excesivo de la fuerza cometidas por los agentes de la policía y de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes, como a los hechos de agresiones y saqueos por parte de la población.

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