Expertos en derecho advierten que todo lo actuado por Pablo Celi sería ilegal

Pablo Celi en una visita oficial al humedal de Quimsacocha, Azuay, junto al prefecto azuayo Yaku Perez, el 7 de diciembre de 2019.

 

Después de dos años y diez meses de haber cumplido la función de Contralor General Subrogante, se reveló que Pablo Celi se autoproclamó en ese cargo de manera ilegal.

De acuerdo a la publicación Pichincha Comunicaciones, Celi, quien se desempeñaba como subcontralor, expidió el 21 de junio de 2017 el Acuerdo 020-CG-2017, mediante el cual asumió las funciones de Contralor General Subrogante, a partir de esa fecha, bajo el argumento de que había ausencia definitiva del titular.

Sin embargo, el entonces Contralor General, Carlos Pólit, quien se encontraba en Miami, envió su carta de renuncia a la Asamblea Nacional un día antes, es decir el 20 de junio.

La renuncia de Pólit debió ser conocida y aceptada, mediante resolución, por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), por ser el organismo nominador, de acuerdo al artículo 208 de la Constitución.

Pero esto no sucedió, según los archivos del CPCCS. La Asamblea Nacional tampoco trató la dimisión de Pólit, por no ser atribución de esa institución, como establece el artículo 120 de la Constitución y el artículo 9, numeral 7, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

José Serrano, presidente de la Asamblea de ese entonces, confirmó que llegó a sus manos la renuncia de Pólit, a las 18h30 del 20 de junio, y que el documento iba a ser remitido al Consejo de Administración de la Legislatura, CAL, para su posterior envío al CPCCS.

Según el experto en Derecho, Gonzalo Silva, la renuncia de Pólit no fue conocida ni aceptada por el organismo competente, por lo que Celi arbitrariamente se anticipó en expedir el acuerdo de subrogación.

Silva sostiene que Celi ocupa un cargo de manera ilegal y, en consecuencia, todas sus actuaciones son nulas. “A mi entender no está posesionado ni puede ejercer legalmente, más allá de lo que el señor diga.

Jorge Acosta, otro experto en Derecho, coincide con ese criterio, pero, además, recuerda que Pólit removió a Celi del cargo de subcontralor mediante una acción de personal suscrita antes de viajar a Miami.

El 07 de junio Celi se negó a recibir la acción con su destitución y rompió el documento, lo que quedó registrado en videos difundidos por los canales de televisión nacionales. Por esa razón, Acosta señala que la ilegalidad de la función de Celi, se originó días antes de la renuncia de Pólit.

Mediante juicio político, la Asamblea Nacional censuró y destituyó a Pólit 12 días después de haber presentado su renuncia, el 02 de julio de 2017.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Transitorio, que fue presidido por Julio César Trujillo, recién el 08 de mayo de 2019, ratificó la legalidad de Pablo Celi como Contralor Subrogante, mediante un mandato sobre la Contraloría General del Estado.

Ratificación con blindaje

El artículo 1 del mencionado mandato señala: “Ratificar que el Dr. Pablo Celi de la Torre es el Contralor General Subrogante, pues en su caso, operó el mecanismo previsto en el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado”.

Para blindar esa decisión, en una disposición transitoria del mismo mandato estableció que “las disposiciones legales que se opongan al presente mandato no surtirán efecto legal alguno”.

¿Por qué emitió este mandato el Consejo Transitorio? Según Gonzalo Silva, los consejeros reconocieron que había un vacío en la función de Celi y por esa razón zanjaron las dudas dándole un viso de legalidad posterior.

Por su parte, Acosta señala que Pablo Celi “sigue desempeñando ilegalmente las funciones de Contralor General Subrogante”, por lo que, a futuro, habrá consecuencias a nivel nacional e internacional y se pedirá la nulidad de todas sus acciones.

 

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