Experto penalista reclama a Corte Nacional de Justicia por alterar procedimiento en recurso de casación

Miguel Antonio Arias, abogado especialista en Derecho Penal.

Con el establecimiento de un ‘filtro de admisibilidad’ inexistente en la normativa legal se está dejando en la indefensión a numerosas personas: Miguel Arias.

En situaciones extremas de tutela judicial en materia penal, el Código Integral Penal (COIP) posibilita el recurso de casación y asigna esa competencia a la Corte Nacional de Justicia, órgano que deberá observar un procedimiento riguroso en base al principio de legalidad establecido en el Art. 76 numerales 3 y 4 de la Constitución: “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:”

“3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento.

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria”.

El Art. 656 del COIP señala que el recurso de casación “procederá contra las sentencias, cuando se haya violado la ley, ya por contravenir expresamente a su texto, ya por haber hecho una indebida aplicación de ella, o por haberla interpretado erróneamente…”.

El trámite para el recurso consta en el Art. 657 del COIP: “El recurso de casación podrá interponerse por los sujetos procesales, de acuerdo con las siguientes reglas:
1. Dentro de los cinco días hábiles contados a partir de la notificación de la sentencia. La o el juzgador remitirá el proceso a la Corte Nacional de Justicia, en el plazo máximo de tres días hábiles, una vez ejecutoriada la providencia que la conceda.
2. El tribunal designado por sorteo, dentro del plazo de tres días convocará a audiencia. De rechazar el recurso, ordenará su devolución a la o al juzgador de origen. De estas decisiones, no hay recurso alguno.
3. El recurso se sustanciará y resolverá en audiencia que se realizará dentro del plazo de cinco días contados desde la convocatoria. El recurrente deberá fundamentar su pretensión y los otros sujetos procesales se pronunciarán sobre la misma…”.

Traemos a colación esta normativa frente al reclamo efectuado a la Corte Nacional por el experto penalista Miguel Antonio Arias ante la negativa del recurso planteado en la defensa de una ciudadana, pero, según dijo, al margen de la normativa establecida en la Constitución y la Ley, dado que la Corte “se ha inventado una resolución para hacer una especie de filtro porque supuestamente se estaría haciendo mal uso” del recurso.

Según el jurista, con este pretexto los jueces se han permitido cambiar el trámite y en vez de convocar a la audiencia en la que se fundamente el recurso lo que hacen es señalar una admisibilidad, es decir, señalar en forma previa, a su criterio, si el recurso está o no fundamentado, con ese invento vulneran la norma constitucional.

Cuando a través de ese filtro  no admiten el recurso “dejan sin efecto la tutela directa e inmediata de los derechos fundamentales” contemplados en el Art. 11 numeral 3 de la Constitución que señala: “Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.
Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley…”, sostuvo el experto.

Precisó que de acuerdo al Art. 172 de la Constitución “Las juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley.
Las servidoras y servidores judiciales, que incluyen a juezas y jueces, y los otros operadores de justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia en los procesos de administración de justicia.
Las juezas y jueces serán responsables por el perjuicio que se cause a las partes por retardo, negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la ley”.

Pero con la resolución de la Corte Nacional, que no es de ahora, “se está dejando en la indefensión a los seres humanos, a los justiciables; se está vulnerando el derecho de tutela judicial efectiva; se está vulnerando la aplicación directa e inmediata de los derechos fundamentales que consagra la Constitución; y se está vulnerando la naturaleza del juzgador de aplicar y cumplir con la Constitución” reiteró el penalista.

El texto del reclamo

SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL, TRÁNSITO, CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.

3

De conformidad con lo previsto en el Art. 253 del Código Orgánico General de Procesos, aplicable a la especie, se dignen ampliar y aclarar su resolución en los siguientes términos:

4

Ustedes señalan en su decisión que:

“A partir del precedente jurisprudencial obligatorio contenido en la Resolución citada ut supra, el Tribunal de Casación, previo sorteo de ley, tiene el deber de inadmitir los escritos de interposición del recurso de casación, cuya fundamentación esté encaminada a revisar hechos y exigir una nueva valoración del acervo probatorio”

En este sentido dígnense aclarar si un precedente jurisprudencial, contenido en una Resolución, en virtud del orden jerárquico de aplicación de las normas, contenido en el Art. 425 de la Constitución de la República prevalece sobre una ley orgánica.

5

Si se respeta este orden jerárquico de aplicación de las normas del Art. 425 de la Constitución de la República, es evidente que la fundamentación del recurso de casación se realiza en audiencia que debe convocarse por parte del tribunal de casación en un plazo máximo de tres días como lo impone el Art. 657, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal. Y que, además, la fundamentación y sustanciación del recurso se realiza en esta audiencia que convoca el tribunal de casación, de acuerdo al numeral 3 de la norma invocada.

Por tanto, dígnense aclarar, si el Código Orgánico Integral Penal está o no en vigencia y si, su estructura normativa, por el principio de legalidad del Art. 76 numeral 3 de la Carta rige el sistema procesal penal.

6

El Art. 172 de la Constitución de la República, impone a todos los jueces el imperativo categórico de administrar justicia con sujeción a los principios que consagra la Constitución y los convenios internacionales de derechos humanos.

Como parte esencial del ejercicio jurisdiccional, está contemplada la obligatoriedad de tutelar los derechos fundamentales de manera directa e inmediata, como lo impone el Art. 11, numeral 3 de la Constitución de la República que dice:

“Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.” (El destacado nos pertenece)

Dígnense aclarar si al realizar este proceso de “admisibilidad”, sin fundamento legal, como ha quedado demostrado con la argumentación ut supra, como jueces constitucionales se ven impedidos de tutelar los derechos fundamentales contenidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, de oficio, puesto que esta tutela sólo sería posible cuando un proceso haya pasado ese filtro de admisibilidad.

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Siguiendo esta línea argumentativa, ustedes señalan lo siguiente:

“Sobre la base de lo expuesto, deviene que un cargo de casación penal resulta admisible solo cuando contiene un tema exclusivamente jurídico que se pide analizar a la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia”

Dígnense aclarar por tanto, si con esta argumentación transcrita, en su condición de jueces están soslayando de manera deliberada su función de tutela judicial efectiva de oficio y dejando como válida solamente la tutela de derechos fundamentales a petición de parte.

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