Estado efectúa reparación integral a víctimas de violación de Derechos Humanos

Momento de la suscripción de los acuerdos con algunos de los afectados

Momento de la suscripción de los acuerdos con algunos de los afectados

A las 19h00 de un jueves de febrero de 1986 Rubén Aguirre Maura fue detenido en la parte posterior de la Universidad de Cuenca. Le acusaban de subversión, terrorismo, asociación ilícita. Se había sumado a la organización Alfaro Vive Carajo.

“Fue un operativo inmenso, con al menos 10 vehículos, personas encapuchadas y fuertemente armadas, sin orden de autoridad competente; apenas me detuvieron me golpearon y abrieron la cabeza, me vendaron, maniataron y llevaron con rumbo desconocido.

Me incomunicaron durante 5 días, me torturaron y  cinco días después me liberaron, un lunes, en la Intendencia General de Policía del Azuay”, recordó Rubén.

En noviembre del mismo año vino una segunda detención, que no está documentada en la Comisión de la Verdad, en relación a unas armas encontradas al interior del colegio Ricardo Márquez Tapia, otra vez lo mismo, “personas desconocidas, sin orden de autoridad competente, me maniataron, golpearon e incomunicaron por tres días”.

Tras el juicio penal me sobreseyeron, así que tengo la posibilidad de demandar vía administrativa o judicial la reparación, comentó.

La mañana del 11 de enero de 2002, un sector de estudiantes secundarios de Cuenca desarrollaban una manifestación de protesta contra la ocupación norteamericana de la Base de Manta, concesionada por el gobierno de Jamil Mahuad, y contra el alza de los pasajes en el transporte público. Hacia el medio día se concentraban en los alrededores de la Universidad de Cuenca.

A esa hora, Damián Peña Bonilla, estudiante del tercer curso colegio César Dávila Andrade, salió de las Jornadas Deportivas Estudiantiles que se efectuaban en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, se dirigió a la universidad y se mezcló en el grupo de protesta. Una bala salida de un arma policial le impactó en la frente. Culminó la vida del joven y comenzó la lucha tenaz de su madre, Sonia, por la búsqueda de la justicia que hasta hoy sigue pendiente luego de haber pasado por los caminos tortuosos de las fiscalías y tribunales.

Dos policías acusados del crimen de Estado fueron a juicio pero en las instancias judiciales se los absolvió. El 13 de mayo de 2015 la audiencia de casación realizada en la Corte Nacional de Justicia nulitó el proceso judicial desde la formulación de cargos para dar paso a una investigación por violación a los Derechos Humanos.  La declarada inocencia de los acusados quedó sin piso.

Estos casos salieron a la luz este martes 21 de noviembre en el Acto de Reparación a las Víctimas de Violación de los Derechos Humanos efectuado en la Gobernación del Azuay por el Ministerio de Justicia, con el apoyo de la Procuraduría General del Estado, la Defensoría del Pueblo y organismo de defensa de los Derechos Humanos.

Un primer acto de reparación se efectuó en Quito con la presencia del presidente Lenin Moreno. Hasta el  momento se han firmado 58 acuerdos de reparación a las víctimas, documentadas por la Comisión de la Verdad. En el gobierno anterior se suscribieron 5 acuerdos, recordó la ministra de Justicia Rosana Alvarado.

 “Les pido perdón en nombre del Estado ecuatoriano y espero que el suceso de hoy sea recibido por ustedes, sus familiares y los representantes de quienes ya no están, con el perdón sincero por algo que jamás se debió permitir que suceda”, expresó la ministra en un momento emotivo de su intervención.

Puntualizó que por disposición del presidente Lenin Moreno de que las víctimas no esperen un solo día más, el Ministerio de Justicia asumió como prioridad lo dispuesto en la Ley para la reparación de las víctimas y en el informe documentado de la Comisión de la Verdad.

En la reparación integral está la memoria, lo más próximo a la justicia porque después de que alguien ha sido torturado, ejecutado, es muy difícil hacer justicia, entonces la reparación integral procura aliviar aquello que fue parte de una tragedia que jamás debió ocurrir en un país que se dice es garante, protector de los derechos humanos, subrayó Alvarado.

Añadió que el Estado no puede desentenderse de la obligación con sus víctimas que defendieron una idea, hicieron pública una propuesta, defendieron los derechos de los trabajadores, los Derechos Humanos.

El país no puede olvidar el periodo de terror vivido en el gobierno de León Febres Cordero (1984-1988) porque en el olvido está la posibilidad de la repetición, en cambio en la memoria está el destierro de estas prácticas que amenazan la humanidad. En la reparación persiste la dignidad de las personas, recalcó la secretaria de Estado.

El proceso de reparación implica una indemnización económica por parte del Estado, pero eso no es lo importante sino  que se nos reivindique del trato de delincuentes, terroristas, subversivos, que repercutió en nuestra vida personal y familiar, de acuerdo a Rubén Aguirre.

 

 

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