Estado de excepción podría ser derogado o limitado por la Corte Constitucional

Dos ciudadanos distribuyen gas de uso doméstico en las calles céntricas de Cuenca. 24 de abril de 2021. (Foto Karina Cando)

El organismo ya le llamó la atención al mandatario sobre el mal manejo legal en la declaración de los estados de excepción que limitan garantías y derechos fundamentales.

En agosto de 2020 la Corte Constitucional resolvió impedir nuevos decretos de excepción por calamidad pública relacionada con la pandemia y exhortó al presidente Lenin Moreno el envío a la Asamblea de un proyecto de ley que norme de manera ordinaria el control del Covid-19.

“Tras haber realizado varios exhortos a las autoridades nacionales y seccionales para transitar paulatinamente a un régimen ordinario apto para enfrentar el Covid-19, transcurrido este periodo de 30 días de renovación del estado de excepción la Corte Constitucional no admitirá una nueva declaratoria sobre los mismos hechos que han configurado calamidad pública en dos ocasiones previas con sus respectivas renovaciones”, advertía el dictamen.

Pero solo ocho meses después, el viernes 23 de abril de 2021, el presidente envió ese proyecto a la Asamblea, en otro incumplimiento que se suma a su calamitosa administración que relegó a segundo plano la fundamental recomendación.

Moreno priorizó las acciones que garanticen el triunfo electoral de su cogobernante Guillermo Lasso y afirmen el continuismo de las políticas comprometidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), tal el caso de la denominada Ley de Defensa de la Dolarización.

Las declaraciones del ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, respecto por ejemplo a la elevación de los pasajes en el transporte público de pasajeros nos relevan de cualquier otro comentario en este sentido.

“Estábamos esperando la culminación del proceso electoral para hacer un alza“, reveló, ya sin cuidar las formas, luego de señalar que en forma previa se había trabajado en mesas técnicas con los transportistas, con el fin de encontrar una fórmula para nivelar sus ingresos.

Así las cosas, Moreno se acordó del pedido de la Corte Constitucional solo el último viernes, cuando la propagación del Covid-19 se expande en desbocada carrera, claro que en esto también tiene buena parte la irresponsabilidad y temeridad de la gente.

Respecto al último estado de excepción decretado por Moreno, el jurista Juan Carlos Cordero, experto en Derecho Constitucional, sostuvo en el programa Análisis de este domingo 25 de abril transmitido en la estación radial La Voz del Tomebamba, que la Corte Constitucional puede derogarlo o limitarlo.

Recordó que el organismo ya le llamó la atención al mandatario sobre el mal manejo legal en la declaración de los estados de excepción que limitan garantías y derechos fundamentales.

Contradicciones

Esa inobservancia de la constitucionalidad pone en evidencia la contradicción entre el Art. 13, inciso tercero del decreto ejecutivo que indica que las acciones a tomarse en reuniones sociales o fiestas privadas serán de carácter disuasivo, y la orden de detención a las personas que se encuentren en la calle rompiendo el toque de queda para que sean sancionadas bajo el tipo penal del Art. 282 del Código Integral Penal (COIP) que dispone prisión de uno a tres años por incumplimiento de disposiciones de autoridad competente.

“Se dispone que las medidas de control que se realicen en el contexto de esta suspensión deberán respetar todos los derechos constitucionales que no se encuentran suspendidos, estas medidas se ejecutarán únicamente para dispersar las reuniones, asociaciones, aglomeraciones, fiestas clandestinas, y disuadir la ocurrencia de las mismas”, dice el Art. 13, inciso tercero del decreto ejecutivo.

Para evitar estas situaciones La Corte Constitucional pidió en agosto del año anterior al presidente elaborar un marco jurídico que permita al COE tomar acciones con total claridad para garantizar los principios de legalidad, territorialidad, razonabilidad, temporalidad, seguridad jurídica y proporcionalidad.

“El principio punitivo del Estado tiene que ser proporcional frente a los incumplimientos de la ciudadanía” y es peligroso dejar las prohibiciones o permisividades bajo criterios de subjetividad de órganos que no han sido creados por actos normativos, como por ejemplo el COE que es un órgano técnico de asesoría, puntualizó el jurista.

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