Entidades no gubernamentales organizan veedurías para evaluar las acciones de los gads ante la pandemia.

Entregarán también a las autoridades municipales un informe con recomendaciones y observaciones.

El Instituto Republicano Internacional, sede Ecuador, y la fundación contra la Violencia arrancaron con el trabajo en Cuenca.

Conocedores de que el control ciudadano es un elemento vital para que la administración pública realice sus tareas eficazmente, el Instituto Republicano Internacional (IRI), capítulo Ecuador, y la fundación Contra la Violencia, liderada por la activista Jéssica Jaramillo, se han unido para crear veedurías ciudadanas en Puyo, Cuenca y Quito, con el fin de evaluar el actuar de sus autoridades durante la crisis pandémica y entregar propuestas de mejora.

El trabajo inició en Cuenca el 18 de agosto, con la participación de algunos de los líderes sociales, gremiales, académicos, quienes representan a hombres y mujeres de distintos sectores sociales y económicos de la ciudad y la provincia, quienes recibirán una capacitación sobre herramientas metodológicas que se usarán para las evaluaciones.

En una segunda sesión, a realizarse bajo la modalidad de webinar, se identificarán las prioridades de cada cantón, de acuerdo con los sectores de donde provienen los diferentes liderazgos y se establecerán los objetivos, metas y cronograma del trabajo de vigilancia.

Después de 30 días de implementación de este control ciudadano, los miembros de la veeduría presentarán a la opinión pública un informe de resultados que recoja las decisiones implementadas por el gobierno local, los sectores que fueron atendidos, la ejecución de los recursos públicos empleados, y la satisfacción o no de las necesidades de la población.

Entregarán también a las autoridades municipales un informe con recomendaciones y observaciones que han encontrado a lo largo del trabajo.

“Los ciudadanos somos los mandantes de todo gobierno, seccional, local y nacional, podemos y debemos exigir la rendición de cuentas y vigilar la inversión adecuada de los recursos públicos.”, dijo Jéssica Jaramillo.

Desde este ejercicio de contraloría social, tanto el IRI como la Fundación Contra la Violencia fomentan una democracia más participativa, la misma que fortalece el diálogo ciudadanía – gobierno.

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