En Ecuador se desarrolla un proceso electoral de dictadura

Juan Cristóbal Lloret, asambleísta del Azuay, realiza fuerte críticas a la organización del actual proceso electoral.

Estamos al límite de que en Ecuador se lleve un proceso electoral de dictadura. En democracia las elecciones se ganan en las urnas a través del voto popular, pero en este país se desarrolla un proceso concertado y conducido a beneficiar a un determinado sector, con la eliminación movimientos y otras irregularidades que configuran los hechos más graves en la historia democrática del país, sostuvo el asambleísta azuayo, Juan Cristóbal Lloret, en diálogo con Portal Diverso.

Recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya estableció observaciones al Estado ecuatoriano por las irregularidades en el proceso para la Consulta Popular de febrero de 2018, convocada sin dictamen previo de la Corte Constitucional, y que acabaría conformando un Consejo de Participación Ciudadana transitorio que destruyó la institucionalidad del país.

Al referirse al caso del movimiento Revolución Ciudadana, Lloret señaló que la dedicatoria es más que evidente.

Relató que en cuatro ocasiones intentaron inscribir la organización en el Consejo Nacional Electoral (CNE), presidido por Diana Atamaint, militante de Pachakutik. Primero les negaron el nombre porque ya le correspondía a Alianza País, organización con la que rompieron por su entreguismo a la derecha.

Intentaron con Revolución Alfarista, les negaron porque el ideario de Alfaro era de corte liberal y el movimiento correísta combatía el neoliberalismo; intentaron con Mana, recogieron casi un millón de firmas en un mes, pero reactivaron una directiva fantasma de esa organización que bloqueó el proceso.

Finalmente obtuvieron el apoyo de Compromiso Social, con cuya personería, legalizada desde 2016, participaron sin problema en las elecciones de la Consulta Popular y para los Gobiernos seccionales, obteniendo prefecturas, alcaldías, concejalías y vocalías de Juntas Parroquiales.

Contralor comete ilegalidades

Ahora, como el correísmo está en crecimiento, se les ocurre hacer auditorías a través del contralor Pablo Celi, que no es la persona autorizada para ello. Pero resulta que la auditoría solo fue del 1% del padrón de firmas y cuando el abogado de la Contraloría fue al Tribunal Contencioso Electoral a defender las supuestas irregularidades de 17.916  firmas, dijo que no tiene esas firmas.

Además, la auditoría tenía que haberse hecho a 13 organizaciones políticas, no solamente a cuatro, y con dedicatoria.

Pero hay que preguntarse, “¿qué hace un contralor revisando firmas, acaso eso no le corresponde a la Función Electoral? El contralor tiene toda la potestad de hacer exámenes en el ámbito administrativo, de manejo de los recursos… pero no puede haber un contralor que nos diga al país: esta organización puede ir, esta no… estamos locos”, subrayó el legislador.

Entonces lo que está de por medio es el terror de que regrese la Revolución Ciudadana, saben que encabeza las preferencias electorales y buscan proscribir a Rafael Correa en el ámbito judicial y a su movimiento político. Eso es “totalmente antidemocrático” porque están violentando los derechos de participación de las organizaciones políticas pero por sobre todo el derecho de elección de los ciudadanos, aseguró Lloret.

Denuncia contra consejero Luis Verdesoto en la impunidad

Por otro lado, el asambleísta calificó como de extrema gravedad la denuncia del exprefecto del Azuay, Paúl Carrasco, quien reveló días atrás que el consejero Luis Verdesoto le llamó a que se sume a la propuesta de alargar la fecha de las votaciones y así tener el tiempo necesario para que le sentencien al expresidente Rafael Correa y no pueda ser candidato a nada.

Esa denuncia es gravísima, da a entender que “el señor Verdesoto, aparte de sus sesgo (partidista) ya sabía que le iban a sentenciar al señor Correa, o sea él ya sabe de las decisiones judiciales, entonces ¿para qué hay un proceso judicial de por medio?”, cuestionó el legislador azuayo.

A propósito, esta denuncia pasó casi desapercibida para los grandes medios y hasta el momento no se ha sabido que la fiscal Diana Salazar haya activado alguna acción investigativa, por lo que la acción dolosa está quedando en la impunidad.

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