En drogas hay que diferenciar claramente el consumo y el tráfico: Miguel Arias

Miguel

El abogado penalista sostuvo los instrumentos internacionales, las declaraciones y convenciones sobre derechos humanos suscritos por Ecuador, obligan a diferenciar la conducta del traficante de la conducta del adicto.

Hace dos semanas la justicia penal de Cuenca le sancionó con una prisión de tres años, pero bajo la consideración de que se trataba de un adicto, el juez le aplicó la suspensión condicionada de la pena para tratamiento sicológico, servicios comunitarios, actividades laborales, presentación periódica ante el juzgador, entre otras medidas que Juan Sebastián (26 años) debe cumplirlas en forma estricta.

La tarde del 18 de mayo del año en curso, en el parque Santa Anita, junto a la central 911,  los agentes policiales le detectaron con 100.8 gramos de marihuana.

Entonces se movilizó un gran aparataje estatal para investigarlo y sancionarlo. Los agentes policiales dijeron en el parte que la posesión se trataba de un “delito flagrante” por eso lo detuvieron en forma inmediata; la Fiscalía remató que era “tráfico ilícito” de drogas, es decir un “delito grave”, y pidió la prisión preventiva.

El abogado defensor del acusado, Miguel Arias, ex juez de lo Penal, documentó con pruebas que Juan Sebastián era una persona enferma, señaló además que al momento de la detención “la sustancia no estaba dividida en funditas” para que se presuma que se dedicaba a la venta.

Así los hechos, Juan Sebastián está en libertad y tiene la oportunidad de rehabilitarse, aunque el Estado no le dé reales medios para ello, no tiene ninguna clínica, dispensario, centro médico o algo parecido para la desintoxicación. No queda más que el ámbito privado, con todo lo que ello representa en la cadena de los negocios.

De acuerdo al penalista, el tema debería enfrentarse bajo las consideraciones de que en primer lugar estamos ante un problema de salud pública, luego deben activarse los mecanismos de la educación y la prevención en todos los niveles, en forma permanente, no de manera intermitente a través de campañas mediáticas y políticas.

En el ámbito jurídico, Miguel Arias informó que ya hay jurisprudencia sobre el tema: una sentencia en casación de la Corte Nacional de Justicia, con fecha 21 de mayo de 2014,  declaró inocente al ciudadano DLN al comprobar que la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Azuay “ha violado la ley por errónea interpretación del Art. 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas”. La tenencia era de 90 gramos.

El jurista recordó que en 2013, cuando cumplía la función de Juez Primero de lo Penal, declaró inocente y liberó al procesado al constatar que se trataba de un adicto, de un consumidor, pero el 4 de octubre de 2013, en un grave error, el tribunal de segunda instancia consideró que se trataba de un traficante y lo  condenó, en apelación, a 8 años de prisión, pero la Corte Nacional lo redimió.

Precisó que los instrumentos internacionales, las declaraciones y convenciones sobre derechos humanos suscritos por Ecuador, obligan a diferenciar la conducta del traficante de la conducta del adicto. El primero, así sea un gramo que esté traficando, donde sea, está cometiendo un delito y tiene que ser sancionado.

Para comprobar ese tráfico hay varios elementos rectores que deben confluir: oferta, almacenamiento, intermediación, distribución, compra, venta, envío, transporte, importe, exportación, importación, posesión.

Todo lo que está fuera de esta esfera es consumo personal y entonces no puede ser penalizado. La Constitución de la República no considera delito la tenencia de drogas cuando se comprueba mediante los mecanismos adecuados que es para el consumo. Las adicciones son un problema de salud pública y en ningún caso se permitirá su criminalización, ordena la Carta Magna.

Entonces lo que en esencia se confirma es que pequeñas cantidades que rebasan los límites permitidos por la ley, pueden ser toleradas en la medida que se demuestre que esa sustancia es destinada para uso personal, subrayó Arias.

Esos límites son variados en los países, en Australia 50 gramos, en España 40 gramos, California-EE.UU. 28 gramos, Uruguay 40 gramos, en Colorado y Whashington-EE.UU. está despenalizado el consumo, por citar ejemplos.

Eso es lo que los jueces no quieren entender al ampararse en una tabla del Consejo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP) que con un “criterio arbitrario” sostiene que, por ejemplo en el caso de la marihuana, nadie puede llevar más de 10 gramos, en un abierto desacato a la Constitución que prohíbe la criminalización de los adictos, criticó el penalista.

De esta manera, hay que superar la posición de los jueces ecuatorianos de ir a contravía de la tendencia internacional que se dirige a despenalizar el consumo de sustancias estupefacientes. Canadá legalizó el consumo de la marihuana, en otros países se la utiliza con fines terapéuticos.

En  la tenencia de sustancias estupefacientes hay circunstancias especiales y excepcionales, las personas que por su adicción se proveen de tales sustancias, no caen en el principio de lesividad, pero el Estado ha creado una ficción al suponer que quienes se proveen de drogas ponen en riesgo potencial a otras personas, cuando con el consumo lo que hacen es poner en riesgo su propia salud e incluso su vida.

El consumo de estupefacientes ingresa en el ámbito de la libertad individual, cada quien es libre, a su manera, de hacer con su vida, con su cuerpo, lo que crea pertinente, mientras no lesione a otras personas, insistió el jurista.

 

 

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