El Gobierno de Ecuador e indígenas iniciarán mesa de trabajo

El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, interviene en el diálogo que suspendió el paro indefinido. (Captura de pantalla).

El Gobierno de Ecuador y los representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) iniciarán el 7 de julio la mesa de trabajo destinada a garantizar el cumplimiento del acuerdo que la semana pasada puso fin a un paro que duró 18 días, informó la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) en un comunicado referido por Sputnik.

«En base a ese compromiso ha sido acordado entre las partes una primera reunión de la Mesa Técnica. En esta reunión se determinará la metodología de trabajo, se establecerán los temas a tratar y se definirá una hoja de ruta con los pasos a seguir durante estos 90 días. La reunión se realizará en la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana el día jueves 7 de julio a las 09.00 [14.00 GMT]», anunció la CEE en su cuenta de Twitter.

El grupo de trabajo se instaura para cumplir con el Acta por la paz firmada el pasado 30 de junio entre el Gobierno nacional y la Conaie, junto al Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE) y la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras del Ecuador (Fenocin).

El punto VI del acuerdo señala: «Los comparecientes acuerdan instalar una mesa de diálogo con la presencia de los garantes, con una metodología definida por las partes para el seguimiento de acuerdos y la resolución de los temas pendientes presentados en los 10 puntos, que tendrá una duración de 90 días. Se garantizará la presencia de las Funciones del Estado relacionadas con los puntos tratados».

A mediados de junio, la Conaie inició una movilización indefinida contra medidas del Gobierno.

La organización presentó un reclamo de 10 puntos, entre ellos, que se congele el precio del combustible, subsidio agrícola y que no se firmen tratados de libre comercio que «destruyen la producción nacional».

El 30 de junio, la Conaie y el Gobierno firmaron un acta de compromisos que puso fin al paro y a las protestas registradas; el Ejecutivo tiene un plazo de 90 días desde el 1 de julio para cumplir con el acuerdo.

Los acuerdos incluyen una reducción adicional de cinco centavos para las gasolinas de mayor consumo en el país y para el diésel, combustible que se utiliza mayoritariamente para el transporte.

Desde el 13 hasta el 28 de junio, según organizaciones de derechos humanos, se registraron seis fallecidos, 331 personas heridas, 152 detenciones durante las jornadas de protesta.

«Lasso y su Gobierno salieron muy golpeados al final de la protesta»

«Políticamente, Lasso y su Gobierno han salido extremadamente golpeados al final de la protesta, tanto en el sentir de la población como en la situación de gobernabilidad complicada que enfrenta», dijo el sociólogo ecuatoriano Andrés Chiriboga, Máster en Sociología Económica y en Finanzas, e investigador doctoral en Sociología Económica.

A juicio del sociólogo, entrevistado por el programa Telescopio, de la Agencia Sputnik, “la firma del acta de paz es un símbolo para detener el avance de un Estado que busca ausentarse de su rol regulador de la economía».

El sociólogo también se refirió al proceso contra el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, por el delito de paralización de un servicio público.

«Lasso habló de poner en práctica el Gobierno del encuentro, pero la tónica en todo este primer año ha sido muy diferente. Ha sido la de desconocer a sus detractores políticos, sociales y de un autoritarismo tenaz», criticó Chiriboga.

Sobre la crisis económica y social que vive el país, el ecuatoriano sostuvo que «se necesita que ingresen recursos a la economía real, a las personas que están en situaciones más precarias».

A su criterio, estos recursos deberían estar «para que haya un mínimo proceso de redistribución que haga de contrapeso a una serie de políticas erráticas que favorecen a los intereses de un grupito de personas que tienen incluso los capitales fuera del país, y que no les interesa abordar los problemas de la sociedad que están encaminando al exterminio».

«Me da la impresión que a las élites no les incomoda el exterminio. La criminalización de la pobreza termina siendo perversamente componentes que van de la mano con la acumulación del capital y los grandes flujos de capitales», reflexionó.

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