¡El Estado No protege la seguridad y la vida de las Mujeres!

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¡NO MÁS VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS Y FEMICIDIOS EN EL ECUADOR!

 LOS MOVIMIENTOS FEMINISTAS DIVERSOS, ORGANIZACIONES SOCIALES Y CIUDADANÍA, LLAMAMOS AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, A LA FUNCIÓN EJECUTIVA, AL SISTEMA JUDICIAL, A LA ASAMBLEA NACIONAL, ORGANISMOS DE CONTROL Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, A RESPONDER Y ACTUAR EN EL CASO DEL ASESINATO DE MARIA BELÉN BERNAL OTAVALO

 Ante el asesinato de la Dra. María Belén Bernal Otavalo, defensora y litigante de derechos humanos, las organizaciones sociales de mujeres y de los feminismos diversos y de las disidencias y las organizaciones de defensa de derechos humanos de las mujeres nos pronunciamos para manifestar y exigir lo siguiente:

La desaparición de mujeres y niñas es una forma extrema de violencia a la que nos enfrentamos en el país, la región y el mundo. Obedece a las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres que son causa y consecuencia de la violencia de género contra mujeres y niñas conforme lo establecen los organismos internacionales de derechos humanos.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ONU Mujeres consideran que “las desapariciones de mujeres a menudo están vinculadas con otras formas de violencia de género, como la violencia sexual, la trata de personas y/o los feminicidios. El Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio) (OACDH, ONUMujeres; 2013) establece con total claridad la relación entre desapariciones y la violencia letal hacia las mujeres por lo que la obligación de medios y de resultados de la Fiscalía General del Estado es la dirección de la investigación a partir de los mandatos contenidos en el Modelo como en la Resolución 066-FGE-2021.

La situación de las personas desaparecidas y en particular, de las mujeres desaparecidas en Ecuador, pone de manifiesto la falta de política pública de prevención de desapariciones y de actuación en el marco de la obligación de proteger y respetar los derechos humanos asumiendo los compromisos internacionales que se desprenden de estas gravísimas situaciones.

El caso de María Belén Bernal evidencia la ausencia de actuación con debida diligencia reforzada del Estado en casos de mujeres desaparecidas y el incumplimiento e inobservancia de las obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres.

Ante la negligencia manifiesta desde el Estado, las mujeres del Ecuador, organizadas y autoconvocadas por nuestros derechos más organizaciones de derechos humanos, decimos YA BASTA DE INJUSTICIA, VIOLENCIA E IMPUNIDAD, y nos constituimos en una VEEDURÍA SOCIAL, exigiendo:

A la Fiscalía General del Estado:

 Actuar de conformidad con los estándares contenidos en el Modelo de protocolo latinoamericano       de        investigación        de        las        muertes        violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio) (OACDH-ONUMujeres, 2013) y la Resolución 066-FGE-2021.

Identificar a las y los actores de la Fiscalía General del Estado que, en omisión a su deber de protección jurídica de las personas desaparecidas, actuaron al margen de la debida diligencia reforzada del Estado, ante la noticia de la desaparición de María Belén Bernal Otavalo, en contextos de violencia de género y dentro de un recinto policial del Estado.

Informar a la veeduría y a la ciudadanía en general las actuaciones fiscales tendientes a corregir estas omisiones, así como la unidad fiscal especializada en violencia de género a cargo de la investigación especializada.

Rendir cuentas sobre su actuación de conformidad con el art. 7 de la Convención Belem do Pará.

Al Ministro de Gobierno en su calidad de coordinador del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Extraviadas y Respuesta a las víctimas indirectas:

Informe a la veeduría y la ciudadanía las actuaciones realizadas desde el momento del conocimiento de la desaparición de María Belén orientadas a garantizar a su familia la aplicación de los principios de cooperación, corresponsabilidad, debida diligencia, efectividad y exhaustividad, igualdad y no discriminación e inmediatez.

Informe a la veeduría y la ciudadanía del estado actual del cumplimiento de los derechos de las personas desaparecidas en todos los casos en que estas son mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas LGBTIQ+ sin localización.

Al Comité Directivo del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas desaparecidas, extraviadas y respuesta a las víctimas indirectas:

Adoptar los mandatos que establecen los organismos internacionales de derechos humanos en materia de desaparición de mujeres y niñas, particularmente:

Recomendación General No.2 del Comité de Expertas del MESECVI sobre mujeres y niñas desaparecidas en el hemisferio de acuerdo con los Arts. 7b y 8 de la Convención de Belém Do Para.

Informe de Acceso a Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas (párrafos 123-239; CIDH, 2007).

Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Genero, particularmente, párrafos: 101 (b), 164 y 165).

Garantizar el pleno cumplimiento de la Ley Orgánica de Actuación en caso de personas desaparecidas y extraviadas y su efectiva aplicación.

Actuar en virtud de la debida diligencia establecida en el numeral 2 del artículo 3 de la Ley Orgánica de Actuación en casos de personas desaparecidas y extraviadas, que indica las autoridades, bajo prevenciones de Ley, están obligadas a realizar de forma oportuna las diligencias esenciales y necesarias para la investigación, búsqueda y localización de una persona desaparecida o extraviada. Sus actuaciones estarán enmarcadas en la protección y respeto de los derechos humanos, así como en la ayuda, atención, asistencia y derecho a la verdad de las víctimas indirectas. En toda investigación y proceso penal que se inicie como consecuencia de la desaparición o extravío de una persona, las autoridades garantizarán su desarrollo de manera imparcial, inmediata y eficaz, con el máximo nivel de profesionalismo. Para determinar el nivel de responsabilidad penal e imponer las sanciones correspondientes, las autoridades competentes actuarán en el marco de la independencia de funciones.

Integrar y rendir cuentas sobre la inclusión del principio de efectividad y exhaustividad reconocido en la ley que indica que las diligencias que se realicen para la búsqueda de una persona desaparecida o extraviada se realizan desde el conocimiento de dicha desaparición y se realizan atendiendo a todas las posibles líneas de investigación, utilizando todos los recursos humanos, técnicos, tecnológicos y materiales, que permitan la localización e identificación de una persona desaparecida o extraviada, la determinación de la verdad y la sanción a los responsables de los hechos. Respetar los derechos de las personas desaparecidas establecidos en el artículo 5 de la ley, dentro de los cuales se encuentran:

  1. Que el Estado adopte las medidas necesarias para la investigación, búsqueda y localización, dentro y fuera del país, de conformidad a lo dispuesto en la Constitución y la ley;
  2. Ser buscada, sin discriminación de ninguna naturaleza que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos;
  3. A mantener vigente la presunción de vida, durante los procedimientos de investigación, búsqueda y localización de la víctima;
  4. No ser estigmatizada o revictimizada respecto de su vida privada y los hechos o conductas que motivaron su desaparición o extravío; y,
  5. A recibir la atención psicológica y médica, después de haberse efectuado su localización.

Respetar los derechos de su hijo, madre y demás víctimas indirectas a:

  1. La verdad, tutela judicial efectiva y derechos conexos;
  2. Solicitar a la autoridad competente el acompañamiento y atención necesarias en el ámbito psicológico, durante y después de la búsqueda y localización de la persona desaparecida o extraviada;
  3. Participar y cooperar en la investigación, búsqueda y localización de la persona desaparecida o extraviada;
  4. Ser informadas de manera oportuna y periódica acerca de las circunstancias de los hechos de la desaparición o extravío, de cualquier dato relevante y del paradero de la persona reportada como desaparecida o extraviada. Si existen elementos constitutivos de un presunto delito, a conocer a los presuntos responsables y las acciones realizadas por la autoridad competente de conformidad con lo previsto en el Código Orgánico Integral Penal;
  5. No ser discriminadas ni estigmatizadas por cualquier razón que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos.

Al Secretario Nacional de Seguridad Pública y del Estado:

Exigimos respeto al principio de Presunción de vida establecido en la ley, que indica que, en las acciones, mecanismos y procedimientos para la búsqueda, localización y desarrollo de las investigaciones, las autoridades deben presumir que la persona desaparecida o extraviada se encuentra con vida.

La identificación inmediata de quienes actuaron en omisión de la debida diligencia reforzada del Estado para la búsqueda y localización de las personas desparecidas y de quienes facilitaron la fuga del sospechoso y su disposición inmediata a órdenes administrativas y penales.

A la Defensoría del Pueblo:

Que actúe en virtud de sus competencias constitucionales, legales y a las Directrices para atención de casos de personas desaparecidas con las que cuente la entidad, actúe a través de su Dirección Nacional del Mecanismo de Protección de Personas Desaparecidas y Reparación a Víctimas Documentadas por la Comisión de la Verdad, a fin de que realice las estrategias defensoriales pertinentes en el referido caso como la vigilancia del debido proceso, investigación defensorial.

A la Asamblea Nacional del Ecuador:

Que en el marco de sus atribuciones y competencias efectúe los procesos de fiscalización, control político e investigación, sobre la actuación de: autoridades, operadores judiciales y miembros de la Policía Nacional, la determinación de responsabilidades a la que hubiere lugar, así como que el inicio inmediato del proceso de seguimiento y evaluación del cumplimiento de la Ley Orgánica de Actuación en casos de personas desaparecidas y extraviadas, independientemente de sus vacancias frente a un hecho de conmoción social nacional.

Finalmente, las Organizaciones de Mujeres y Organizaciones de Derechos Humanos del País, demandamos al Estado Ecuatoriano se tomen medidas de reparación inmediata en el caso de María Belén Bernal Otavalo y demandamos a la Secretaría de Derechos Humanos, organismo público, rector de la política de erradicación de las violencias de la vida de las mujeres, niñez y adolescencia, garantizar las medidas de reparación que este caso amerita y exije:

  • Que la Policía Nacional, no tenga ninguna interferencia en la investigación penal especializada de los delitos de VBG de ahora en adelante y que para ello se haga las reformas del caso y se cree un organismo técnico especializado vinculado al sistema
  • Procesar a todos los que permitieron este daño de conmoción nacional; remoción total a todos los actuantes, incluyendo al Fiscal que no pidió la prisión preventiva del tipo pese a los indicios; los que omitieron denuncia y revisaron las escenas sin fiscal deben ser sancionados con la destitución de sus cargos y procesados de acuerdo a sus
  • Que se apliquen las sanciones disciplinarias y legales correspondientes a todo el personal que estuvo presente los días 10, 11 y 12 de septiembre de 2022 en el lugar de los acontecimientos, la Escuela Superior de Policía Gral. Alberto Enríquez Gallo.
  • Que se convoque a una Comisión Internacional de Expertos/as para la investigación de la desaparición forzada de María Belén Bernal Otavalo en forma
  • Que se ordene el cierre inmediato de la Escuela Superior de Policía Nacional “Gral. Alberto Enriquez Gallo” y este espacio sea entregado a la Secretaría de Derechos Humanos para el funcionamiento de un Centro de Atención Integral a las Sobrevivientes de las Violencias, Femicidio y Trata.
  • El derecho de su hijo a la protección integral que incluye la satisfacción de todas sus necesidades humanas fundamentales, el acompañamiento psicológico especializado, la escucha atenta a sus necesidades materiales, sociales y psíquicas, la no revictimización y la protección de factores de resiliencia ante la conmoción originada por la muerte de su
  • Garantizar el derecho al trabajo de Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal Otavalo manteniendo su puesto de trabajo en el Consejo de la Judicatura, hasta obtener respuesta del Estado sobre el asesinato de su hija.
  • Exigir las reformas legales que se requieren para una investigación especializada autónoma e independiente de los crímenes de VBG
  • Que en el espacio de formación de la Policía Nacional se garantice un proceso de formación y sensibilización en derechos humanos y género.

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