El Estado fallido de Lenin Moreno y Guillermo Lasso sentenció a Víctor Guaillas a la pena de muerte

Víctor Guaillas, compesino de Molleturo, asesinado en la Penitenciaría del Litoral. (Foto Facebook).

La última masacre en la Penitenciaría del Litoral dejó 68 muertos. Similares asesinatos en las cárceles del país supera las 330 víctimas en el presente año, una gran cantidad de ellas sin sentencia, ya cumplidas sus sentencias y por delitos menores.

Fue detenido el 7 de octubre de 2019 durante las protestas contra el paquetazo económico del  presidente Lenin Moreno. Un tribunal quizás presionado por las ligerezas del poder y los reclamos mediáticos lo condenó a cinco años de prisión por el delito de sabotaje. Nunca habría pensado que ese momento el Estado firmó su sentencia de muerte.  Víctor Enrique Guaillas Gutama, oriundo de la parroquia azuaya de Molleturo, murió en la masacre de la noche del viernes 12 y madrugada del sábado 13 de noviembre, en la Penitenciaría del Litoral, de Guayaquil.

De acuerdo a las organizaciones sociales y comunitarias, y las personas que lo conocieron, Víctor Guaillas era un campesino de escasos recursos, con discapacidad auditiva. Él no tuvo dinero para un abogado y el Estado le asignó una defensora pública,  lo que equivale a decir que le dejó en la indefensión.

El 3 de octubre, a cinco días de que el acusado recobre su libertad por caducidad de la prisión preventiva, el Tribunal de Garantías Penales de Durán declaró su culpabilidad y lo condenó a cinco años de prisión y al pago de 4.800 dólares. Fue trasladado a la Penitenciaría del Litoral, a esperar, sin saberlo, el día de su ejecución.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos pone en evidencia las veleidades de una justicia amarrada, perezosa, ineficaz, inhumana, con dedicatoria.

Fue detenido el 7 de octubre de 2019; la audiencia de juzgamiento, con sentencia incluida, se realizó el 3 de octubre de 2020, un año después; la notificación de la sentencia escrita tiene fecha 1 de abril de 2021, seis meses se pasaron escribiéndola.

Como la falta de la sentencia escrita ilegitimaba la prisión preventiva, se presentó una acción extraordinaria de protección, inadmitida el 29 de junio de 2021; se presentó la apelación el 27 de julio de 2021 y los cansados jueces fijaron la audiencia de resolución para el 4 de enero de 2022.

A finales de septiembre del presente año se presentó una petición de amnistía en la Asamblea Nacional, al parecer estaba en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa (CAL).

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