El contrato de los radares encendió la mecha de la polémica en el Municipio de Cuenca

El concejal Cristian Zamora argumenta sus denuncias.

La administración del alcalde Pedro Palacios enfrenta farios conflictos en los últimos días: un pulso con el Gobierno Nacional por las deudas del Tranvía; la adopción de una imagen corporativa considerada como “caricatura”; cuestionamientos al funcionamiento de la Casa Violeta; y ahora los radares.

Una polémica de impredecibles resultados y consecuencias se instaló este miércoles 23 de febrero en el Municipio de Cuenca entre el concejal Cristian Zamora y la Empresa Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte (EMOV EP), poniendo como centro del conflicto al alcalde Pedro Palacios.

El motivo de la pugna es la firma de un contrato por parte de la EMOV para la instalación de 42 radares en diferentes vías de la ciudad para controlar y sancionar el exceso de velocidad a los conductores de vehículos.

Tiempo atrás el alcalde Palacios fue crítico a un sistema de fotoradares instalado en la administración del alcalde Marcelo Cabrera al que consideró como recaudatorio e impositivo, pero ahora ha dado un giro y respalda el nuevo sistema.

Al respecto el concejal Cristian Zamora coincidió en la necesidad de implementar mecanismos para disminuir los accidentes de tránsito y evitar muertes, pero “una cosa es el uso de la tecnología para reducir la accidentabilidad y otra el abuso que pretende la administración de Pedro Palacios al querer meter la mano en el bolsillo de los cuencanos, en una economía golpeada que necesita reactivarse y no que las multas le hundan más”.

Recordó que a su debido momento propuso que las multas por infracciones de tránsito debían establecerse luego de agotar mecanismos de educación vial “que ni siquiera se han intentado”.

Añadió que los procesos de control de tránsito deben ser manejados por la propia EMOV, empresa que tiene la suficiente capacidad económica, técnica y administrativa para que “los millonarios recursos que producen los radares queden en su totalidad en las manos de la ciudad y no de un particular”.

Puntualizó que en el contrato de los nuevos radares no se considere un rasgo de tolerancia, como ocurre en otros países, eso denota el ánimo de recaudar las multas por encima del interés real de disminuir los accidentes y muertes.

Frente a ello, y con el propósito de dar de baja a un contrato al que calificó de “ilegal”, propuso tres acciones:

1.- Petición de investigación a la Fiscalía de la “serie de coincidencias y de indicios” de un direccionamiento al contratista adjudicado, como la conformación de una de las cinco empresas que integran el consorcio contratista,  un día antes del lanzamiento en la prensa del proceso radares.

Que investigue si el abogado externo contratado por la EMOV para poner en marcha el proceso, factura o no a empresas de las que es parte el mayor accionista del consorcio contratista; que indague las razones de la firma del contrato pese a que se le notificó a la administración municipal la certificación de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) que indica que el equipo tecnológico ofertado por el hoy contratista  “no cumple con las funcionalidades exigidas por los pliegos de la EMOV”.

También se debe poner en claro el valor real de los equipos ofertados.

2.- Petición a la Contraloría General del Estado que conozca las múltiples causales de rechazo ”ignoradas” por la Comisión Técnica de Calificación de las ofertas, sobre todo la homologación de los equipos y sus funcionalidades y no solo de los equipos, como quiere hacer aparecer la comisión. Por esta y otras causales la Contraloría deberá declarar la terminación unilateral del contrato y establecer las responsabilidades correspondientes.

3.- Petición a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para que revise el proceso y se pueda dar de baja un “contrato ilegal a toda luz”.

Show político

En respuesta a estas denuncias, el gerente de Control de la EMOV EP, Jorge Cabrera, calificó la intervención del concejal Zamora como un “show político” que pronto será desechado y quedará en el olvido.

Indicó que la Contraloría ya conoce y analiza el proceso y al momento se cumplen los plazos determinados.

Comparó el presente caso con la denuncia presentada en la Fiscalía, en 2017, por un proceso en ETAPA EP, que, al final, luego de las investigaciones todos los acusados fueron sobreseídos.

Jorge Cabrera, gerente de Control de la EMOV EP, refita las versiones del concejal.

Entonces  hay que tener en claro de dónde vienen los comentarios y cuáles son las intenciones. “Ha sido tan brillante (el concejal Zamora) con sus hallazgos que nunca halló el contrato de su cuñado” con la EMOV, por ejemplo, y que se declaró desierto por inhabilidad”, sus familiares no podían participar en concursos públicos, según certificación del SERCOP, ironizó Cabrera.

Puntualizó que de los 42 radares contratados, 10 sustituirán a 19 que estaban a cargo de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), es decir se disminuye en número, los 32 restantes se colocarán en 16 intersecciones de riesgo.

Respecto a los rangos de flexibilidad en los datos para las multas, reclamados por múltiples ciudadanos en los medios de comunicación, el funcionario señaló que “la ley determina los rangos de moderación, no el funcionario de turno”. Lo primordial no es el perdón a quien se ha excedido los límites, “tenemos que generar una cultura de cumplimiento, no de flexibilidad”, sentenció Cabrera.

Sé el primero en comentar en «El contrato de los radares encendió la mecha de la polémica en el Municipio de Cuenca»

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*