El censo pone en alerta a 23 comunidades de la zona costanera de Molleturo

Santiago Loja, asesor jurídico de la Prefectura; Rosa Gutama, abogada de Molleturo; la prefecta Cecilia Méndez; y Carlos Morales, presidente del Gobierno Parroquial del Molleturo, dialogan sobre el tema.

Sus pobladores reivindican la pertenencia al Azuay pero el INEC los censaría como habitantes de Guayas.

Autoridades del Gobierno Provincial del Azuay, del Gobierno Parroquial de Molleturo y miembros de la Comisión de Límites, exteriorizaron su preocupación frente el censo que lleva adelante el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y que debería tener un tratamiento especial en la zona donde, más que un conflicto limítrofe con Guayas, existe un conflicto social derivado de la cesión de un espacio territorial de Azuay a Guayas, a través de un acuerdo político.

La inquietud es mayor por cuanto en los últimos días se habrían realizado acciones de perifoneo en las comunidades molleturenses que limitan con Guayas, anunciando que el censo iniciaría desde este lunes 7 de noviembre, señaló la prefecta Cecilia Méndez, refiriendo versiones desde el lugar.

Recordó que “el malhadado acuerdo amistoso” se estableció en 2015, entre los entonces prefectos de Azuay, Paúl Carrasco, y de Guayas, Jimy Jairala, “a espaldas de la comunidad” y desconociendo la voluntad del pueblo de Molleturo para autodefinirse como azuayo, en respeto a sus raíces ancestrales como pueblo cañari.

La autoridad provincial precisó que Molleturo es un territorio de acogió durante los siglos 19 y 20 a los campesinos migrantes de Sígsig, Pucará, Santa Isabel, Sayausí, Nabón.

Precisó que con el acuerdo, que no está elevado a ley, sino tan solo respondió a un decreto, el No. 1384, que luego lo validó el expresidente Rafael Correa, pasaron a Guayas 608.9 km2 en los que están asentadas 23 comunidades, generando división de las familias y múltiples otros problemas.

Trajo a memoria que en 2020, cuando el INEC iniciaba la preparación del proceso censal, como viceprefecta hizo llegar a la entidad un comunicado señalando la existencia de un conflicto social, no de límites ni entre autoridades.

Desde entonces se han desplegado varias acciones orientadas al reconocimiento de la existencia de ese conflicto social, pero al parecer esos recamos no han llegado a los oídos de las instituciones como la Defensoría del Pueblo, Contraloría, Corte Constitucional, Comisión de Derechos Humanos, Asamblea, e inclusive al mismo Municipio de Cuenca que debería proteger por todos los medios a su territorio.

El representante del INEC Azuay ha reconocido la existencia de un espacio territorial en conflicto, pero lo fundamental es que ese problema social, no administrativo, sea reconocido por el INEC nacional, toda vez que la prefecta de Guayas ha negado su existencia, expresó la prefecta azuaya.

Derecho a la resistencia

El presidente del Gobierno Parroquial de Molleturo, Carlos Morales, advirtió que en el caso de que las instituciones sigan ignorando la real situación en las comunidades afectadas, el pueblo activará su derecho a la resistencia con una serie de medidas que permitan defender la integralidad del territorio y de las comunidades molleturenses.

En este sentido hizo un llamado al Gobernador Matías Abad, al alcalde Pedro Palacios, a los asambleístas para que estén conscientes de lo que puede ocurrir en la zona.

Está en las manos y la decisión del gobernador azuayo el ponerse en contacto con su similar de Guayas y las autoridades nacionales del INEC para que traten en forma responsable y detenida el problema.

Hemos pedido a los pobladores que mantengan la calma y la paz, pero si no hay la debida atención ténganlo por seguro que habrá serios problemas, insistió Morales.

Señaló que al conflicto se articula además la posibilidad de que se desaten contrariedades derivadas del proceso electoral, aunque se conoce que los pobladores de las comunidades afectadas siguen empadronados en Azuay.

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